No solo fue el agromercado del EJT víctima del acoso por parte de la policía. Un nuevo episodio de tensión y malestar popular ocurrió en el barrio de La Cuevita, en San Miguel del Padrón, cuando policías e inspectores estatales desplegaron un operativo que paralizó la zona y afectó directamente a decenas de trabajadores por cuenta propia.
El cierre, que comenzó temprano, tomó por sorpresa a vendedores ambulantes, pequeños comerciantes y transportistas que se ganan la vida en un espacio donde la economía informal es prácticamente la única alternativa de subsistencia.
Testigos relatan que, apenas iniciado el operativo, el Superintendente se retiró en su carro oficial, y poco después los inspectores, sin dar explicaciones, abordaron sus guaguas y abandonaron el lugar. La policía, en cambio, permaneció inmóvil, observando los hechos sin intervenir ni mediar ante las protestas de la población.
La reacción de los trabajadores no se hizo esperar. Indignados, denunciaron el abuso de poder y la arbitrariedad con que se ejecutó el operativo. Para muchos, lo ocurrido no es un hecho aislado, sino una muestra más de la represión selectiva que golpea a los más vulnerables, mientras los negocios vinculados a los hijos, nietos y allegados de la cúpula gobernante permanecen intocables.
“El pueblo paga las consecuencias, los poderosos jamás”, comentaba un vendedor visiblemente molesto, resumiendo el sentir de muchos presentes.
Algunos intentaron reclamar sus derechos y dialogar con los inspectores, pero sus voces fueron ignoradas. Otros, más cansados que sorprendidos, apenas pudieron observar cómo se decomisaban productos y se interrumpía la rutina de trabajo que garantiza la comida diaria de sus familias.
La frustración llevó incluso a improvisar pequeñas protestas con carteles y consignas, que rápidamente fueron recogidas por usuarios en redes sociales, viralizando la denuncia.
En un país donde el día a día ya está marcado por la escasez, la inflación y la incertidumbre, este tipo de operativos generan una mezcla de temor y rabia. Para la gente común, que depende de la inventiva y el esfuerzo personal para sobrevivir, las acciones de las autoridades representan no solo un ataque a su sustento, sino una falta total de respeto a su dignidad.
Lo sucedido en La Cuevita es, en definitiva, un reflejo de la desconexión creciente entre los dirigentes y la población. Mientras los funcionarios se resguardan en sus privilegios, el pueblo se ve obligado a resistir entre la burocracia, el acoso y la represión.
Cada operativo como este no solo afecta la economía de los cuentapropistas, sino que alimenta el sentimiento de injusticia y desesperanza que crece entre los cubanos.
Fuente: La Tijera
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