La reciente detención de los responsables del robo de parte de la cerca perimetral de la pista de carreras y área recreativa Guamá, en la provincia de Pinar del Río, vuelve a evidenciar hasta qué punto la crisis económica en Cuba ha empujado a sectores de la población a apropiarse ilegalmente de cualquier recurso disponible, incluso cuando se trata de instalaciones destinadas al uso comunitario.
De acuerdo con la información difundida en redes sociales oficialistas, el principal implicado en el hecho fue Williams Noda Miliam, residente en la Carretera a Viñales, kilómetro 1½, reparto Rumayor. El hombre confesó haber sustraído 11 tubos metálicos que formaban parte de la cerca perimetral que protegía la pista deportiva y el área recreativa. Estas estructuras no solo delimitaban el espacio, sino que también garantizaban un mínimo de seguridad para quienes utilizan el lugar.
Los tubos robados fueron vendidos posteriormente a Elio Velazco Reyes, quien también fue detenido y admitió haber comprado el material sustraído, convirtiéndose en parte activa de la cadena delictiva. Según la información disponible, una parte de los recursos robados fue recuperada, aunque el daño estructural causado a la instalación deportiva ya estaba hecho.
Este tipo de hechos se repite con frecuencia en Cuba. No se trata únicamente de cercas deportivas: se roban rejas de escuelas, tubos de fábricas, cables eléctricos, planchas de zinc, estructuras metálicas de zoológicos, parques y centros recreativos, todo con el objetivo de venderlo en el mercado informal. El metal, en particular, se ha convertido en uno de los bienes más codiciados debido a su fácil reventa y a la ausencia de controles efectivos.
El robo de estas cercas no es un acto aislado ni producto de una simple “indisciplina social”. Es el reflejo de un deterioro profundo del tejido social, provocado por la escasez crónica, los salarios insuficientes y la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de subsistencia. En ese contexto, muchas personas optan por la ilegalidad como única vía para obtener ingresos o intercambiar materiales por alimentos y otros bienes básicos.
Las consecuencias de estos robos van más allá de la pérdida material. La destrucción de cercas deja instalaciones deportivas y recreativas expuestas al vandalismo, limita su uso por parte de niños y jóvenes y acelera el abandono de espacios que deberían cumplir una función social clave en comunidades ya golpeadas por la crisis.
Mientras tanto, la respuesta oficial suele centrarse en detenciones puntuales, sin abordar las causas de fondo. La desaparición sistemática de cercas, estructuras y recursos públicos confirma que el problema no es excepcional, sino estructural. En una Cuba donde “todo lo que esté al alcance” se convierte en objeto de robo, casos como el de Pinar del Río son solo una muestra más del colapso económico y social que atraviesa el país.
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