Un nuevo informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas expone un panorama alarmante sobre las condiciones en los centros penitenciarios de la isla. Solo en noviembre, la organización registró 71 violaciones de derechos humanos y dos muertes bajo custodia en 27 prisiones de 14 provincias, evidenciando un deterioro sostenido del sistema y un uso extendido de prácticas represivas.
En total, se documentaron 81 incidentes dentro de establecimientos penitenciarios, de los cuales la gran mayoría constituyen violaciones de los derechos más básicos de las personas privadas de libertad. Entre las prácticas más comunes figuran el hostigamiento (55 casos), la negación de atención médica (29), los traslados arbitrarios (13), el uso de celdas de castigo (10), golpizas y torturas físicas (9), además de restricciones al acceso a la comunicación con familiares.
El informe señala que se identificaron al menos 33 tipos distintos de abusos. Las huelgas de hambre volvieron a surgir como una de las formas de protesta más frecuentes entre los reclusos: al menos 18 personas recurrieron a esta medida para exigir asistencia médica adecuada, evitar agresiones o solicitar la revisión de condenas consideradas injustas.
Según la organización, muchos de estos actos de protesta se dieron en respuesta a traslados punitivos a prisiones alejadas, confiscación de pertenencias, revocación de beneficios penitenciarios o incluso imputación de nuevos delitos. En otros casos, los propios presos solicitaron ser enviados a celdas de aislamiento como una forma de protección ante amenazas dentro de las galeras.
El reporte también confirma dos muertes bajo custodia: Masniel Lompui Rodríguez, en la prisión Nieves Morejón (Sancti Spíritus), y José Bravo Navarro, en la prisión de Boniato (Santiago de Cuba). En ambos casos, se señala la falta de atención médica oportuna como causa fundamental, lo que subraya el grave deterioro del sistema sanitario penitenciario.
Las condiciones materiales en los penales siguen siendo críticas. La escasez de agua, el hacinamiento y la proliferación de enfermedades transmitidas por mosquitos agravan la vulnerabilidad de los internos, quienes además enfrentan una alimentación insuficiente y de baja calidad. El informe denuncia el desvío de alimentos por parte del personal penitenciario y la existencia de un mercado negro dentro de las cárceles donde se comercializan comidas, bebidas, medicamentos y drogas con la complicidad de las autoridades.
Los presos que iniciaron huelgas de hambre también fueron víctimas de represalias, que incluyeron su traslado a celdas de castigo sin acceso a ropa o abrigo. Asimismo, se reportaron golpizas contra prisioneros políticos en diversas instalaciones. Entre las víctimas mencionadas figuran Ibrahim Domínguez Aguilar (Boniato), Aníbal Yasiel Palau Jacinto (Melena del Sur), Yurisán Franco Soriano y Esney Echeverría Estrada (La Colonia), Carlos Raúl Perdomo Cancio (Tarea Confianza), Adrián Curuneaux Stevens (Prisión 1580) y Alfonso Pérez López (Guamajal), algunos de los cuales fueron sometidos a torturas como permanecer esposados durante largos periodos.
Las restricciones a la comunicación continúan siendo un método de castigo habitual. En el caso de Eider Frómeta Allen, de la prisión de Boniato, se le prohibieron las llamadas telefónicas tras denunciar abusos. Situaciones similares enfrentan otros reclusos como Amaury Díaz García, en Kilo 8, quien incluso ha recibido amenazas de muerte.
Las requisas arbitrarias siguen siendo una práctica común, principalmente contra presos políticos. Al menos 65 personas fueron afectadas el último mes, incluidas cuatro mujeres. Entre quienes reportan mayor cantidad de incidentes figuran José Antonio Pompa López, Walfrido Rodríguez Piloto, Walnier Luis Aguilar Rivera y el propio Eider Frómeta Allen.
El informe identifica a 19 agentes estatales involucrados en los abusos: 15 funcionarios penitenciarios y cuatro oficiales de la Seguridad del Estado. No obstante, la organización advierte que la cifra real podría ser mucho mayor debido a la falta de transparencia del sistema y a las restricciones para documentar casos dentro de las cárceles cubanas.
El Centro de Documentación concluye que lo reportado representa solo una fracción de lo que ocurre, en un entramado penitenciario marcado por la opacidad, la impunidad y un deterioro persistente de los derechos fundamentales.
(Con información de Infobae)
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