Las multas migratorias que aplica el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) son sanciones económicas previstas en la legislación federal desde hace casi tres décadas, pero que en los últimos años han cobrado mayor relevancia por su aplicación más frecuente y agresiva.
Estas multas están contempladas en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, conocida como IIRIRA, y afectan a determinados inmigrantes que no cumplen con decisiones migratorias previamente emitidas.
La ley establece dos tipos distintos de multas, cada una dirigida a situaciones legales diferentes. La primera se basa en la sección 1324D y se aplica a personas que recibieron una orden formal de deportación por parte de un juez de inmigración y no abandonaron el país dentro del plazo indicado. En estos casos, la sanción puede alcanzar hasta 998 dólares por cada día de permanencia indebida, con un límite máximo de cinco años. Esto significa que, acumuladas, las multas pueden llegar a cifras extremadamente altas.
La segunda multa está contemplada en la sección 1229C y afecta a quienes obtuvieron el beneficio de la salida voluntaria. Esta figura permite al inmigrante salir del país por su cuenta, evitando una deportación formal en su historial. Sin embargo, si la persona no cumple con el plazo establecido para salir, la ley autoriza sanciones civiles que oscilan entre 1,000 y 5,000 dólares, siendo común que se impongan montos cercanos a los 3,000 dólares.
La diferencia entre una deportación y una salida voluntaria es clave, ya que tiene consecuencias legales distintas para quienes desean regresar legalmente a Estados Unidos en el futuro. Una deportación suele implicar castigos migratorios más severos y prohibiciones de reingreso más largas.
Aunque estas multas existen desde 1996, abogados y defensores de derechos migratorios denuncian que su aplicación reciente ha generado abusos y violaciones al debido proceso. En particular, se cuestiona que ICE imponga sanciones millonarias sin demostrar adecuadamente que la persona incumplió de forma intencional una orden migratoria.
Muchas de las personas multadas se encuentran bajo supervisión del propio gobierno, con citas regulares ante ICE y procesos legales en curso, como solicitudes de asilo o peticiones familiares.
Este escenario ha encendido las alarmas entre comunidades migrantes, que enfrentan no solo el riesgo de deportación, sino también castigos económicos que pueden arruinar por completo su estabilidad financiera y la de sus familias.
Fuente:MundoNow Network
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