La incautación por parte de Estados Unidos del petrolero venezolano Skipper, frente a las costas de Venezuela, ha vuelto a exponer la fragilidad del eje energético que sostienen los regímenes de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. La operación, ejecutada esta semana por fuerzas estadounidenses, afectó directamente una de las rutas clave de suministro de crudo hacia Cuba, país que atraviesa una profunda crisis energética y económica.
El Skipper, cargado con cerca de dos millones de barriles de petróleo pesado, había zarpado el 4 de diciembre desde puertos venezolanos. De acuerdo con investigaciones citadas por The New York Times y The Economist, el buque tenía como destino declarado el puerto de Matanzas, en Cuba, bajo un esquema contractual que involucraba a Cubametales, la empresa estatal cubana encargada del comercio de hidrocarburos, y a compañías vinculadas a intermediarios sancionados por Washington.
Parte de estas operaciones ha sido atribuida al empresario panameño Ramón Carretero, señalado por el Departamento del Tesoro como una figura central en el entramado que facilita el flujo de crudo entre Caracas y La Habana al margen de las sanciones internacionales. Según datos periodísticos, empresas asociadas a este operador han llegado a manejar una porción significativa de las exportaciones de PDVSA, mientras Cuba ha incrementado sus contratos de suministro en un intento por mitigar los apagones y la escasez de combustible.
Antes de la incautación, el Skipper realizó una transferencia parcial de unos 50.000 barriles a otro buque, el Neptune 6, que continuó viaje hacia la isla. El resto del cargamento tenía como destino final Asia, una práctica habitual en este tipo de esquemas: parte del petróleo que oficialmente se dirige a Cuba termina revendiéndose en mercados como el chino para generar divisas frescas que alivien las finanzas del régimen cubano.
La captura del buque ocurrió el 10 de diciembre mediante un abordaje aéreo desde helicópteros militares estadounidenses. No se reportaron enfrentamientos ni resistencia por parte de la tripulación, integrada mayoritariamente por marinos de origen ruso. Washington justificó la acción alegando violaciones al régimen de sanciones, al tratarse de crudo venezolano —y presuntamente también iraní— transportado mediante mecanismos diseñados para evadir controles internacionales. El presidente Donald Trump aseguró que la incautación estuvo plenamente justificada y estimó el valor del cargamento en unos 80 millones de dólares.
Tanto Caracas como La Habana condenaron la operación, calificándola de “piratería” y denunciando una escalada de hostilidad estadounidense. Sin embargo, funcionarios norteamericanos citados por The Economist adelantaron que este tipo de acciones continuará y que otros buques vinculados a la red petrolera venezolana podrían correr la misma suerte.
Más allá del impacto inmediato, analistas señalan que estas operaciones encarecen los fletes, elevan las primas de riesgo y reducen los márgenes de ganancia de PDVSA, complicando aún más el acceso a compradores dispuestos a asumir riesgos legales. Para Cuba, dependiente del crudo venezolano, el golpe profundiza una vulnerabilidad estructural que se traduce en apagones, parálisis productiva y mayor malestar social.
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