Una grave denuncia ciudadana hecha pública expone una situación alarmante de corrupción, abuso de poder e impunidad en el municipio Cotorro, La Habana, donde casi medio centenar de familias permanecen sin acceso regular al agua debido a prácticas ilegales toleradas por autoridades y funcionarios estatales.
Los hechos ocurren en el edificio Casio Mella, donde residen familias en 45 apartamentos que desde hace tiempo ven vulnerado un derecho básico: el acceso al agua potable.
Según la denuncia, con pleno conocimiento y consentimiento del delegado de la circunscripción, identificado como Omar y de trabajadores de Aguas de La Habana en el territorio, se habría autorizado la instalación de motores “ladrones” de agua en los edificios 8 de Marzo y Facute.
Los vecinos aseguran que han presentado múltiples quejas formales ante el Partido, el Gobierno municipal y Aguas de La Habana, sin recibir respuesta ni solución. Lejos de actuar, las instituciones involucradas han optado por el silencio y la complicidad. Un inspector, que inicialmente aparentó inconformidad con la situación, terminó justificando el robo al afirmar que ya no se trataba de un “ladrón de agua”, sino de un supuesto “impulsor”, una explicación que contradice la ley y confirma la corrupción denunciada.
El trato desigual en el abastecimiento agrava aún más la indignación. Mientras al edificio Casio Mella se le niega el envío de una paila de 38 000 litros bajo el argumento de que “no depende de ellos”, ofreciendo únicamente dos pipas de 10 000 litros —insuficientes para cubrir las necesidades básicas—, los edificios beneficiados con los motores ilegales han recibido recientemente una paila completa de 38 000 litros, además de dos pipas adicionales, todo ello con la presencia del inspector señalado.
La denuncia también incluye episodios de provocación, acoso y toma de fotografías por parte de residentes de los edificios favorecidos, e incluso de personas de zonas cercanas como Conrado Piña, cuando los afectados intentan resolver la situación por vías alternativas, como recibir ayuda de un vecino.
“Esto tiene que llegar donde sea necesario”, advierten los denunciantes, quienes califican la situación de insostenible, injusta y peligrosa para la convivencia comunitaria, máxime en un país donde la crisis de los servicios públicos golpea cada día con más fuerza al pueblo.
Fuente: La Tijera News
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