El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió una fuerte declaración en respuesta al asalto de un buque petrolero ocurrido el 10 de diciembre de 2025 en aguas internacionales del Mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, por fuerzas militares de Estados Unidos.
El gobierno cubano calificó el hecho como un acto de piratería y terrorismo marítimo, que constituye, según su comunicado, una violación grave del Derecho Internacional, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima.
El régimen cubano señaló que estas acciones dañan a la comunidad internacional en su conjunto y responsabilizó al gobierno estadounidense por la agresión, que considera parte de una escalada de presión para impedir el libre comercio de recursos naturales de Venezuela, incluidos los suministros de hidrocarburos destinados a la isla.
El comunicado recordó que durante la primera administración del presidente Donald Trump se adoptaron medidas similares para obstaculizar el transporte de petróleo venezolano a Cuba y que estas políticas persisten, ahora con el uso directo de la fuerza militar. Según el régimen, esta situación refleja la intención de Estados Unidos de imponer su dominio sobre América Latina y el Caribe.
Las autoridades cubanas advirtieron que estas acciones afectan directamente al país, intensificando la política de “máxima presión y asfixia económica” de Washington y generando un impacto negativo sobre el sistema energético nacional, lo que repercute en la vida cotidiana de la población.
El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó este acto como un ejemplo de la aplicación del llamado corolario Trump de la Doctrina Monroe, argumentando que contraviene la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y requiere una condena internacional.
Cuba insistió en que Estados Unidos debe cesar inmediatamente estas prácticas que, según el comunicado, “violentan la soberanía de los Estados de la región y socavan el derecho de los pueblos a decidir sobre sus recursos naturales y sus relaciones comerciales”.
La declaración concluye reafirmando la solidaridad de Cuba con Venezuela y su derecho a comerciar libremente sus recursos, al tiempo que llama a la comunidad internacional a rechazar cualquier intento de imponer la hegemonía mediante la fuerza y la coerción económica.
La declaración oficial refleja la profunda preocupación del gobierno cubano, consciente de la elevada dependencia de Venezuela para garantizar el suministro de petróleo y otros recursos esenciales que sostienen su economía. Ante la prolongada crisis energética y la debacle económica que atraviesa la isla, cualquier interrupción en el flujo de hidrocarburos venezolanos se traduce en apagones, escasez de combustible y un mayor deterioro de los servicios básicos, afectando directamente la vida cotidiana de la población.
Estas acciones de Estados Unidos no solo ponen en riesgo su suministro energético, sino que también debilitan la frágil estabilidad económica y social que el régimen mantiene gracias al apoyo venezolano. La isla depende de estos recursos para su industria, transporte y programas sociales, por lo que la incautación de buques petroleros representa una amenaza estratégica que amplifica la vulnerabilidad de un país que enfrenta décadas de crisis económica y aislamiento internacional.
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