El Tribunal Provincial Popular de La Habana informó la imposición de sanciones penales contra dos ciudadanos implicados en la adquisición y comercialización ilícita de medicamentos, una práctica que se ha extendido en medio de la grave escasez de fármacos que afecta al país. La información fue divulgada a través de una nota oficial del propio órgano judicial.
Según el comunicado, el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre celebró recientemente un juicio oral y público correspondiente a las causas 495 y 496 del año 2025. Como resultado del proceso, fueron condenados Yoandrys Luis Blanco William y Miguel Alejandro Labañino Fernández, quienes, de acuerdo con el material probatorio presentado, se dedicaban desde hacía un tiempo a comprar y revender grandes cantidades de medicamentos de forma ilegal y a precios considerados abusivos.
La conducta de ambos fue calificada como un delito de actividades económicas ilícitas, tipificado en el artículo 308.1 del Código Penal vigente. Por estos hechos, el tribunal impuso a Yoandrys Luis Blanco William una sanción de 10 meses de privación de libertad, mientras que Miguel Alejandro Labañino Fernández fue condenado a un año de cárcel. Además de las penas principales, se les aplicaron sanciones accesorias que incluyen la privación de derechos públicos y el comiso de los bienes ocupados durante la investigación.
La nota oficial subraya que, tanto en la fase investigativa como durante la celebración del juicio, se respetaron las garantías procesales establecidas en la legislación penal. Los acusados contaron con el derecho a la defensa y hubo participación de la Fiscalía, como establece el ordenamiento jurídico cubano.
El Tribunal Provincial Popular de La Habana precisó que la sentencia no es firme y que puede ser impugnada mediante recurso de apelación, tanto por los sancionados como por el fiscal, si así lo consideran pertinente. Dicho recurso será analizado y resuelto por la sala correspondiente del propio tribunal provincial.
Este tipo de procesos judiciales se producen en un contexto marcado por el desabastecimiento crónico de medicamentos en farmacias estatales, una situación que ha llevado a muchos ciudadanos a recurrir al mercado informal para acceder a tratamientos básicos. En ese escenario, las autoridades han intensificado acciones penales contra quienes participan en la venta ilegal de fármacos, enfocando su respuesta en la persecución de revendedores y comerciantes informales.
No obstante, estos casos también han generado debate en la opinión pública, donde numerosos cubanos señalan que la proliferación del mercado negro de medicamentos es consecuencia directa de la incapacidad del sistema estatal para garantizar el suministro regular de productos esenciales. A pesar de ello, los tribunales continúan aplicando las disposiciones del Código Penal vigente para sancionar este tipo de delitos económicos.
La reciente sentencia se suma a otras decisiones judiciales adoptadas en La Habana y en diferentes provincias del país, como parte de la estrategia oficial para enfrentar las actividades económicas ilícitas vinculadas al comercio de medicamentos.
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