Crece la indignación en redes sociales tras nuevas denuncias que acusan al teniente coronel Pompa, jefe de la Seguridad del Estado en la provincia de Granma, de poseer varias propiedades y bienes en Bayamo, en abierta contradicción con el discurso de austeridad y sacrificio que promueve el régimen cubano.
Las imágenes difundidas por usuarios y replicadas por diversos medios digitales muestran al oficial frente a una vivienda de amplias dimensiones, con garaje y acabados de alto costo, ubicada en la calle Capote entre Pío Rosado y Cisneros, en pleno centro de la ciudad.
Junto a la casa se observa un automóvil Hyundai color plateado, matrícula P022276, que —según las denuncias— habría sido entregado como parte de los privilegios concedidos por el gobierno a los agentes de la Seguridad del Estado encargados de la represión y el control político en la región.
La publicación generó una oleada de comentarios en plataformas como Facebook y X (Twitter), donde numerosos usuarios contrastaron el nivel de vida del oficial con la dura realidad de los habitantes de Granma, una de las provincias más empobrecidas del país.
Los internautas denuncian que, mientras los ciudadanos enfrentan apagones de más de veinte horas, hospitales desabastecidos y salarios insuficientes para cubrir la canasta básica, los funcionarios del aparato represivo disfrutan de viviendas confortables, vehículos modernos y suministros garantizados.
Periodistas independientes confirmaron que no es la primera vez que el nombre de Pompa aparece vinculado a denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha emitido respuesta, lo que alimenta la sensación de impunidad y el creciente malestar social.
Usuarios y activistas han exigido transparencia y una investigación que determine el origen de los recursos que permiten a un funcionario público mantener propiedades y vehículos de un valor muy superior al ingreso medio en Cuba.
Medios alternativos han anunciado su intención de seguir documentando casos similares, en los que agentes del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado aparecen vinculados a la acumulación de bienes y privilegios ajenos al escrutinio público.
La denuncia sobre el teniente coronel Pompa se ha convertido en un símbolo del creciente descontento ciudadano y del cuestionamiento abierto a un sistema que, pese a su discurso de igualdad y justicia social, mantiene una élite privilegiada que vive al margen del sacrificio de la mayoría.
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