El régimen castrista ha anunciado un nuevo paquete de medidas económicas con amplios recortes y nuevos impuestos, una respuesta a la profunda crisis que —según los expertos— ha sido provocada por sus propias políticas. El anuncio, realizado en los días previos a la llegada del huracán Melissa, parece haber buscado pasar desapercibido ante la opinión pública debido a la impopularidad de las medidas.
El documento, de 92 páginas, detalla una serie de ajustes que profundizan los recortes ya sufridos por la población en los últimos años. Entre los puntos más relevantes se incluyen la eliminación de subsidios, el incremento de los precios de la canasta básica y el alza de las tarifas de electricidad y agua. También se consolida la creciente dolarización de la economía, que continúa afectando a quienes perciben salarios en pesos cubanos.
De acuerdo con la información oficial, las nuevas disposiciones constituyen un golpe directo a una economía ya frágil y su impacto sobre la población será severo. Se prevé un aumento en los costos del transporte de pasajeros, los combustibles y el gas licuado, así como la introducción de nuevos peajes y un impuesto al valor agregado (IVA), lo que agravará aún más la situación de los cubanos. La medida más sensible es la reestructuración de los subsidios que, según el régimen, “busca estabilizar la economía”, aunque en la práctica supondrá una carga adicional para los ciudadanos.
Otro de los puntos clave del paquete es la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, una nueva entidad que concentrará todavía más poder económico en manos del Estado. Mientras tanto, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) seguirán siendo tratadas como actores “complementarios”, reafirmando la negativa del gobierno a una apertura económica real y su apuesta por mantener la estructura centralizada socialista.
El economista Pedro Monreal ha cuestionado duramente el plan, calificándolo de “excesivamente disperso y sin metas claras”. Aunque el documento gubernamental presenta 10 objetivos generales y 327 acciones, Monreal considera que no refleja una comprensión profunda de las dinámicas económicas del país. A su juicio, las metas son irreales y sobrestiman la capacidad del gobierno para ejecutar transformaciones significativas en un contexto de crisis.
El análisis técnico del programa también pone en evidencia la falta de una estrategia coherente. A pesar de las promesas oficiales de “corregir distorsiones” en la economía, el plan parece orientado a reforzar el control estatal y la burocracia, más que a resolver los problemas estructurales del sistema. Además, el documento carece de un esquema de financiamiento claro para las acciones propuestas.
Frente a la creciente tensión social y el deterioro económico, la respuesta del régimen parece centrarse en un mayor control y represión. El gobierno ha intensificado los llamados “Ejercicios Nacionales de Prevención y Enfrentamiento al Delito y las Ilegalidades”, que, lejos de enfocarse en el combate real contra el crimen, se utilizan principalmente para perseguir a los cuentapropistas y a toda forma de disidencia económica que escape del control estatal.
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