La represión en Cuba volvió a mostrar su rostro en Villa Clara, donde seis ciudadanos enfrentan duras peticiones fiscales por participar en un cacerolazo pacífico contra los apagones eléctricos. Entre los acusados se encuentra el periodista e intelectual independiente José Gabriel Barrenechea, quien podría ser condenado a seis años de prisión.
El proceso judicial comenzó este miércoles en el tribunal provincial, con los seis imputados presentes, todos residentes de Encrucijada y con edades entre 26 y 53 años. Ninguno de ellos tiene antecedentes penales. Pese a esto, la Fiscalía los acusa de “desórdenes públicos” por golpear calderos y gritar frases como “¡Queremos corriente!” durante un apagón ocurrido el 7 de noviembre de 2024.
Cinco de los detenidos permanecen en prisión preventiva desde los días posteriores a la protesta. Barrenechea, por su parte, fue arrestado poco después y solo se le permitió salir de prisión en una ocasión: para asistir al funeral de su madre, a quien no pudo visitar en vida cuando ya se encontraba gravemente enferma.
Las sanciones solicitadas por la Fiscalía van desde cuatro hasta nueve años de cárcel. Dos de los procesados podrían recibir las penas más altas, mientras que otro enfrentaría limitación de libertad por cinco años
El escrito fiscal sostiene que los “toques incesantes a los calderos” y los gritos de los manifestantes alteraron la tranquilidad pública y obstaculizaron el tránsito. Para familiares y activistas, se trata de una criminalización injusta del derecho a la protesta.
La jornada del juicio estuvo marcada también por la detención del opositor Guillermo “Coco” Fariñas, quien intentaba asistir a la audiencia en apoyo a los acusados.
Desde el exterior, organizaciones de derechos humanos han alzado la voz. Johanna Cilano, investigadora de Amnistía Internacional para Cuba, recordó en redes sociales que “la protesta es un derecho, nadie debería estar encarcelado solo por ejercer sus derechos humanos”.
Este caso se suma a otros procesos recientes, como el de Bayamo en marzo de 2024, donde 15 personas fueron condenadas a penas de hasta nueve años de cárcel por manifestarse
La protesta en Encrucijada se enmarca en una crisis energética que afecta a toda la isla. Con apagones de hasta 20 horas diarias, familias enteras ven paralizada su vida cotidiana, mientras la falta de divisas y el deterioro de las termoeléctricas hacen imposible una solución a corto plazo.
Estos cortes de electricidad han sido detonantes de múltiples expresiones de descontento popular en los últimos años. Desde las protestas masivas de julio de 2021 hasta las recientes manifestaciones en La Habana y Gibara, la exigencia de luz se ha convertido en símbolo de un reclamo mucho más profundo: el derecho de los cubanos a vivir con dignidad.
(Con información de EFE)