En Cuba, alzar la voz sigue siendo un delito. El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó listo para sentencia el juicio contra Yaser García López, un joven veterinario acusado de Propaganda contra el orden constitucional y Desacato por publicaciones en redes sociales y por frases críticas contra el régimen en medio de un apagón.
La Fiscalía ha pedido para él la desproporcionada condena de ocho años de cárcel, un castigo que exhibe hasta qué punto la represión llega a quienes se atreven a expresarse en la isla.
La organización Cubalex denunció el caso como un ejemplo claro de criminalización de la libertad de expresión, recordando que el sistema judicial cubano no actúa como garante de derechos, sino como herramienta de control político. “No hay debido proceso, ni garantías, solo castigo por pensar diferente”, señaló la entidad.
Vecinos, colegas y familiares de García López calificaron las acusaciones de arbitrarias e injustas.
Testimonios recogidos por la prensa independiente señalan que el veterinario es un profesional respetado en su comunidad y que sus publicaciones, aunque críticas, no justifican en ningún país democrático una sanción penal, y mucho menos la privación de libertad por casi una década.
El caso de García no es aislado: tras las protestas del 11 de julio de 2021, el régimen ha endurecido su maquinaria represiva contra cualquier forma de disidencia, incluso en espacios digitales.
El uso de figuras penales ambiguas como “propaganda contra el orden constitucional” o “desacato” se ha convertido en el recurso habitual para encarcelar a ciudadanos que expresan opiniones contrarias al gobierno en Facebook, WhatsApp o Twitter.
En Cuba, cada palabra que cuestione al poder puede transformarse en una condena.
El proceso contra Yaser García López es, en palabras de activistas y observadores, la confirmación de que la represión no distingue oficios ni trayectorias: cualquiera que hable en voz alta contra el castrismo puede acabar en una celda.
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