Autoridades del Ministerio del Comercio Interior (Mincin) detectaron varias irregularidades en unidades arrendadas dentro del Parque Metropolitano de La Habana, como parte del IV Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas y otras ilegalidades.
La inspección se realizó tras una queja difundida en redes sociales que denunciaba violaciones a la Resolución 93/2023, norma que regula las facilidades de pago a través de pasarelas nacionales en la comercialización de bienes y servicios.
William Hernández Álvarez, jefe del Departamento de Atención Ciudadana del Mincin, confirmó en su perfil de Facebook que la acción buscó “fortalecer la legalidad y garantizar la correcta atención al consumidor”.
Entre las entidades inspeccionadas, la mipyme Salsa Río fue señalada por incumplir lo dispuesto en la normativa. Según informó Hernández, el propio titular del negocio había rescindido previamente los contratos de dos trabajadores, acusados de desinformar a clientes sobre el pago de servicios.
En el caso de las unidades La Meckánica y Rino’s, las autoridades constataron el cumplimiento de la regulación, aunque ambas recibieron un apercibimiento como medida preventiva. En cambio, la unidad Lanzane fue multada con 24 mil pesos cubanos por violaciones al Decreto Ley 91/2024.
El operativo contó con la participación de funcionarios del Parque Metropolitano, quienes colaboraron en la verificación de los establecimientos y en la aplicación de las medidas correspondientes.
De acuerdo con el Mincin, estas acciones forman parte de la estrategia nacional para enfrentar irregularidades en el sector del comercio y los servicios, además de garantizar un funcionamiento “transparente y responsable” en las entidades que operan de manera arrendada en espacios públicos.
El ejercicio nacional, que se desarrolla periódicamente en distintos puntos del país, busca reforzar el control estatal y responder a denuncias ciudadanas en medio de un creciente malestar social por los precios elevados, la falta de transparencia en algunos negocios privados y las limitaciones en los métodos de pago.
Aunque las autoridades insisten en que los controles pretenden proteger a los consumidores, la práctica también refleja las tensiones que enfrentan las mipymes y unidades arrendadas, obligadas a ajustarse a un marco legal cada vez más estricto en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba.
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