El Tribunal Provincial Popular de La Habana celebró dos “juicios ejemplarizantes” centrados en delitos de tráfico de drogas y robo con violencia, según informó el propio tribunal en sus redes sociales.
Aunque el régimen pretende mostrar mano dura ante el aumento de la criminalidad, esta estrategia no es más que una fachada para ocultar su incapacidad real de enfrentar la crisis de drogas que devasta a la juventud cubana, especialmente con la epidemia del “químico”.
Estos juicios públicos no atacan las raíces del problema, sino que buscan sembrar miedo y controlar a la población a través de castigos severos y mediáticos. Mientras las autoridades se enfocan en sancionar ejemplarmente a quienes consumen o trafican pequeñas cantidades, “el químico” —una droga sintética altamente dañina— sigue extendiéndose libremente, destruyendo vidas jóvenes sin que exista una política pública seria de prevención, tratamiento o rehabilitación.
Esta práctica de “juicios ejemplarizantes” se ha convertido en un recurso habitual del régimen para desviar la atención pública de problemas mucho más graves, como la inflación, el desempleo y la emigración masiva.
Por eso, lejos de proteger a la juventud, la estrategia represiva profundiza la crisis social y deja a miles de familias cubanas sin respuestas ni apoyo frente a la adicción.
En ciudades como Matanzas y Santiago de Cuba, donde se reportan casos de muchachos afectados por la droga sintética, los tribunales aplican sanciones desproporcionadas, incluyendo penas de 8 y hasta 30 años de prisión, sin garantizar transparencia judicial ni el respeto pleno de los derechos de los acusados, solo con el objetivo de demostrar que se está haciendo algo.
Defensores de derechos humanos advierten que esta “ejemplaridad” se traduce en abusos procesales y castigos severos que no solucionan el problema estructural.
La juventud cubana está siendo consumida por el “químico” y las autoridades continúan apostando por la represión en lugar de políticas reales que garanticen prevención, educación y acceso a tratamientos. El costo social de esta inacción es incalculable y la crisis parece estar lejos de resolverse mientras se mantenga esta estrategia punitiva y mediática.
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