Una grave acusación sacude al sistema educativo del estado de Nueva York: Anamaría Milazzo, de 22 años, fue arrestada y despedida de su puesto como empleada escolar tras ser acusada de enviar imágenes de desnudos a un menor de tan solo 14 años.
Los hechos se habrían desarrollado en Elmira, ciudad ubicada en el condado de Chemung, lo que ha provocado una profunda indignación en la comunidad educativa local.
La joven trabajaba para la Junta de Servicios Educativos Cooperativos del Gran Sur, una entidad regional que administra servicios escolares en diversos condados del estado. Según reportes de la Oficina del Alguacil del condado de Chemung, fue un oficial de recursos escolares quien alertó a las autoridades tras recibir información sobre la presunta conducta inapropiada. El arresto se produjo apenas una semana después de iniciada la investigación.
"Milazzo habría estado enviando imágenes lascivas al menor durante un periodo de tres meses," señalaron las autoridades. A pesar de la seriedad de las acusaciones, no se ha revelado si el menor era estudiante de la misma escuela en la que trabajaba la implicada. Tampoco se ha dado a conocer la función exacta que desempeñaba Milazzo dentro de la institución.
Las acusaciones formales contra Milazzo incluyen la difusión de material indecente a menores y la puesta en peligro del bienestar infantil. Ambos cargos tienen peso penal y podrían acarrear consecuencias legales severas.
Este caso no es un hecho aislado. Las autoridades del estado han notado un preocupante incremento en este tipo de delitos, muchos de los cuales involucran a personas en posiciones de autoridad, confianza o cercanía con niños y adolescentes. El incidente reaviva el debate sobre los controles y procesos de selección de personal en instituciones escolares, así como sobre los mecanismos de detección y denuncia.
La comunidad local, y en especial los padres de familia, han reaccionado con desconcierto y preocupación. Se han emitido llamados para reforzar las políticas de seguridad y educación digital entre los jóvenes, además de entrenar mejor al personal educativo en temas relacionados con el contacto apropiado con estudiantes.
"Este tipo de conductas vulneran no solo la ley, sino también la confianza de toda una comunidad en sus instituciones," comentó un portavoz de una organización local de protección a menores.
El caso de Anamaría Milazzo es parte de una lista creciente de situaciones similares en Nueva York, donde en los últimos años se ha intensificado la vigilancia y persecución de delitos relacionados con la explotación de menores. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas revelaciones a medida que se revisan dispositivos electrónicos y se toman más declaraciones.
A lo largo de los últimos años, autoridades estatales y federales han reportado un alza constante en los delitos relacionados con la explotación sexual infantil, muchos de ellos cometidos por personas en posiciones de autoridad, confianza o influencia social. El fenómeno no distingue edad, género, ni clase social.
Durante la misma semana en que se arrestó a Milazzo, Renee Hoberman, una terapeuta de niños en Long Island, se declaró culpable de distribución de pornografía infantil. Unos meses antes, Samuel González, exprofesor de teatro en Nueva York, fue acusado de poseer y distribuir una colección de más de 1,500 archivos que incluían imágenes explícitas de bebés y niños pequeños siendo abusados.
También figuran casos como el de Daniel Halloran, exconcejal de la ciudad, arrestado por cargos similares tras cumplir previamente condena por corrupción, o el del joven pastor José Sáez Jr., quien usaba aplicaciones encriptadas para solicitar contenido sexual a menores de edad.
"Esta crisis no tiene rostro único ni perfil definido. Son terapeutas, maestros, policías, líderes religiosos, ejecutivos, e incluso familiares cercanos quienes están detrás de estos crímenes atroces," denunció un fiscal federal del Distrito Este de Nueva York. El patrón común es el acceso a menores y el uso de plataformas digitales para establecer contacto, generar confianza y luego manipular a las víctimas.
Desde 2006, el Departamento de Justicia de Estados Unidos implementó el programa “Project Safe Childhood”, con el objetivo de combatir la explotación infantil en línea. Sin embargo, la velocidad con que han evolucionado las herramientas digitales y la facilidad con que adultos pueden acceder a menores a través de redes sociales han desbordado la capacidad de respuesta del sistema. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) ha alertado que desde la pandemia de 2020, los reportes de pornografía infantil se han multiplicado exponencialmente.
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