El gobierno de Florida, en coordinación con la administración de Donald Trump, ha iniciado la construcción acelerada de un nuevo centro de detención de inmigrantes en una remota zona de los Everglades. El proyecto, apodado informalmente como el “Alcatraz de los Caimanes”, ha generado polémica tanto por su ubicación como por el origen de los fondos utilizados: una partida destinada originalmente a enfrentar desastres naturales.
Según declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el complejo carcelario será financiado en parte con recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), desviados de un fondo creado durante la administración Biden para apoyar a comunidades que acogieron a inmigrantes recién llegados. Noem confirmó que la obra avanza a gran velocidad para responder a los planes de deportación masiva impulsados por el presidente Trump, quien busca retomar el control migratorio como bandera central de su plataforma electoral.
“Estamos trabajando a velocidad turbo para cumplir con la voluntad del pueblo estadounidense de remover a los inmigrantes criminales”, escribió Noem en su cuenta de X. “Gracias a nuestra alianza con Florida, podremos expandir rápidamente la capacidad de detención”.
El centro se construye sobre los terrenos de un viejo aeródromo en desuso en el condado de Collier, al oeste de los Everglades. Se estima que su operación costará alrededor de 450 millones de dólares anuales, una cifra que ha despertado críticas tanto por su impacto ambiental como por la cuestionable redistribución de recursos de emergencia.
Grupos ambientalistas han alertado sobre las posibles consecuencias ecológicas de instalar una megaestructura en un ecosistema frágil y protegido como los Everglades, hogar de cientos de especies en peligro. También hay preocupación sobre la sostenibilidad del proyecto y su impacto en comunidades cercanas.
Desde el ámbito político, la decisión ha sido calificada como una maniobra controvertida para reforzar la narrativa antiinmigrante. Algunos legisladores han cuestionado el uso de fondos destinados originalmente a emergencias naturales, en momentos en que Florida es especialmente vulnerable a huracanes y eventos climáticos extremos.
El nuevo centro busca aliviar la saturación del sistema actual de detención migratoria y responde a la promesa del presidente Trump de reactivar deportaciones a gran escala. Las autoridades federales aseguran que los recursos están siendo utilizados de manera legal y con base en convenios interestatales.
No obstante, la medida ha encendido alarmas por su simbolismo y efectos prácticos: un centro de detención en pleno corazón del humedal más emblemático del país, financiado con dinero pensado para proteger vidas en situaciones de desastre.
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