La casa de Yéssica Cohimbra Noriega, expresada política del 11 de julio (11J) en Cuba, sufrió un derrumbe parcial el pasado 19 de junio de 2025, en el municipio de Nueva Paz, provincia de Mayabeque. Este colapso afectó directamente la habitación en la que dormía junto a su hijo, aunque por fortuna no hubo heridos. El suceso ha sido reportado por varios medios independientes como reflejo no solo de una tragedia personal, sino también de una crisis estructural y de abandono estatal que enfrentan muchas familias cubanas, especialmente aquellas marcadas por la disidencia.
Yéssica fue condenada a cinco años de prisión por su participación en las protestas del 11J, y fue excarcelada en enero de este año bajo un régimen de reclusión domiciliaria, como parte de un acuerdo entre el Gobierno cubano y el Vaticano. Durante su tiempo en prisión, su vivienda sufrió un incendio que comprometió gravemente la estructura del techo y las paredes. A pesar de haber solicitado ayuda a la oficina de la vivienda y a una trabajadora social hace más de cinco meses, las autoridades nunca respondieron.
Tras el derrumbe, Yéssica denunció públicamente que "nadie ha venido, ni el gobierno, ni trabajadores sociales, ni nadie a interesarse por la situación". Vive en condiciones precarias, rodeada de escombros y con el temor constante de que se produzca un colapso mayor. Según relató, los techos presentan grietas visibles y los muros muestran señales de humedad y debilitamiento, lo que hace inhabitable gran parte de la casa.
Su caso no es aislado: muchas viviendas en Cuba están en riesgo de derrumbe por el deterioro acumulado, la escasez de materiales de construcción y la falta de voluntad estatal para atender las urgencias habitacionales. Sin embargo, el caso de Yéssica cobra una connotación particular por tratarse de una ex presa política, lo que puede estar incidiendo en la omisión deliberada de atención por parte de las autoridades.
Este hecho pone en evidencia la doble vulnerabilidad de los disidentes cubanos: además de enfrentar persecución política y judicial, también suelen ser marginados en el acceso a servicios sociales básicos. La crisis habitacional se suma así al entramado represivo y a la falta de garantías mínimas de bienestar que enfrenta una parte importante de la ciudadanía cubana.
Fuentes: Periódico Cubano
ADN Cuba
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