La prisión provisional La Pendiente, en Santa Clara, enfrenta un brote de hepatitis que ha puesto en alerta tanto a los reclusos como a sus familiares, según denunció vía telefónica este miércoles 29 de octubre el activista y preso político Alexander Peraza García.
Peraza informó que, como medida preventiva, las autoridades penitenciarias suspendieron la próxima visita familiar, programada para el lunes 3 de noviembre, decisión que fue anunciada personalmente por el director del penal, el mayor Yuriolbis Espí.
El prisionero explicó que de los 10 destacamentos existentes, solo en el número 5, donde él se encuentra recluido junto a otros 74 internos, no se han detectado casos de la enfermedad. Sin embargo, lamentó que incluso los reclusos sanos fueron incluidos en la suspensión general de visitas, lo que ha generado gran malestar entre ellos.
“Si no modifican la medida, muchos están dispuestos a declararse en huelga de hambre”, advirtió el activista.
Los presos aseguran no haber recibido información oficial sobre el tipo específico de hepatitis que circula dentro del penal. La falta de transparencia y atención médica adecuada ha incrementado la preocupación, en un contexto ya marcado por condiciones insalubres y deficiente acceso a productos de higiene.
La hepatitis puede tener diversas causas, aunque las más comunes son de origen infeccioso, ya sea viral o bacteriano. Su transmisión ocurre por vía fecal-oral (a través de alimentos o agua contaminados) o por vía parenteral (mediante sangre, transfusiones o el uso compartido de jeringuillas). En entornos carcelarios, donde la higiene y el saneamiento son precarios, el riesgo de contagio se multiplica.
Alexander Peraza García, de 29 años, es residente del municipio Sagua la Grande (Villa Clara) y se encuentra encarcelado desde el 23 de diciembre de 2024. Enfrenta una petición fiscal de 10 años de prisión por el presunto delito de “propaganda contra el orden constitucional”, acusación que, según él, constituye una represalia política por difundir en redes sociales fragmentos de la Constitución de 1940 y por publicar informes sobre la situación social de su comunidad.
Su arresto se produjo tras un allanamiento en su vivienda por parte de la Seguridad del Estado, durante el cual le confiscaron materiales vinculados al documento histórico. Desde entonces, ha sido reiteradamente acosado y detenido por organizar protestas pacíficas contra los apagones prolongados que afectan a la población.
El caso de Peraza y el brote epidémico en La Pendiente vuelven a poner sobre la mesa las precarias condiciones sanitarias del sistema penitenciario cubano, donde el hacinamiento, la falta de atención médica y la censura informativa convierten los penales en focos de enfermedad y sufrimiento para cientos de reclusos.