La Fiscalía General de la República de Cuba anunció este viernes la conclusión de la investigación contra Alejandro Miguel Gil Fernández, exviceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación, quien enfrenta acusaciones de espionaje, corrupción y otros delitos económicos graves.
De acuerdo con el comunicado oficial, la pesquisa —dirigida por los órganos del Ministerio del Interior en virtud del Artículo 156 de la Constitución— reveló presuntas irregularidades durante la gestión de Gil Fernández, quien habría utilizado su posición para beneficiarse personalmente, alterar flujos financieros y violar normas sobre documentos clasificados. Los cargos incluyen malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, lavado de activos y tráfico de influencias, entre otros.
La noticia ha desatado una avalancha de reacciones en redes sociales, donde muchos cubanos expresan su escepticismo ante el anuncio. El periodista oficialista Arturo Chang, del diario Vanguardia de Villa Clara, cuestionó abiertamente las acusaciones:
“¿Qué espía en el mundo logra llegar tan lejos como para ser ministro de Economía y vice primer ministro?”, escribió.
Otros internautas recordaron que Gil Fernández fue tutor de la tesis doctoral de Miguel Díaz-Canel, lo que alimenta la sospecha de que el proceso judicial podría tener implicaciones políticas.
Entre los comentarios más compartidos, Carmen María Camiñas Lemes señaló que la noticia surge en un momento “demasiado conveniente”, cuando el país enfrenta una grave crisis humanitaria en el oriente tras el huracán Melissa. “Esto huele a cortina de humo”, escribió, denunciando que los medios estatales buscan distraer a la población de los verdaderos problemas nacionales.
Según el informe oficial, el exministro habría manipulado operaciones financieras durante su mandato, pero muchos observadores creen que es improbable que actuara solo. “Gil no pudo moverse sin la aprobación de otros altos funcionarios”, escribió un usuario, pidiendo una investigación integral del Partido Comunista de Cuba y del entorno más cercano al poder.
Las críticas también apuntan a la falta de transparencia del sistema judicial cubano, donde los procesos suelen ser cerrados y controlados políticamente. “En Cuba no se imparte justicia, se ejecutan órdenes”, comentó un abogado residente en el exilio.
El caso ha coincidido con la devastación provocada por el huracán Melissa, y muchos ven en ello una estrategia de distracción. “Sacan un chivo expiatorio cuando la gente está desesperada”, opinó Oletty Gutiérrez en Facebook. “La corrupción es real, pero esta denuncia llega justo cuando el país necesita respuestas por la catástrofe”.
Aún no se ha fijado la fecha del juicio, y los cubanos se muestran divididos entre la indignación y la desconfianza. Algunos esperan que el proceso marque un precedente contra la corrupción en las altas esferas, mientras otros creen que terminará como tantos otros: sin justicia ni verdad.
Para muchos, el caso Gil Fernández resume una realidad más profunda: un sistema político donde los escándalos se usan como herramienta de control y donde, una vez más, la justicia parece subordinada al discurso oficial.
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