Un gran jurado federal en Carolina del Norte presentó nuevos cargos contra Decarlos Brown Jr., de 34 años, por el homicidio de Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 23 años, ocurrido el pasado 22 de agosto en un tren del sistema público de transporte de Charlotte. El caso, que ha generado amplia repercusión, ahora podría derivar en la pena de muerte para el acusado.
La acusación formal, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, señala a Brown por el delito de violencia contra un transportista ferroviario y un sistema de transporte público que resultó en muerte, una figura penal que contempla la máxima sanción.
De acuerdo con la denuncia, Zarutska había abordado el tren de la línea azul LYNX a las 9:46 de la noche y se sentó frente a Brown. Momentos después, el acusado habría sacado un arma blanca con la que atacó a la joven, quien murió en el lugar antes de recibir atención médica.
Las autoridades localizaron a Brown en el andén cercano al sitio del suceso, donde fue arrestado sin resistencia. En el vagón se hallaron una navaja y una camisa manchadas de sangre, que fueron enviadas a laboratorio como evidencia.
La abogada Lauren O. Newton, representante de la familia de la víctima, expresó satisfacción por la acusación formal y confió en que “la justicia prevalezca”. Los abogados de Brown, por su parte, declinaron hacer comentarios.
Zarutska había llegado recientemente a Estados Unidos huyendo de la guerra en Ucrania. Según declaraciones del FBI, vivía con su pareja, estudiaba inglés y trabajaba en un centro para personas mayores, además de colaborar en una pizzería. “Iryna vino a este país buscando seguridad y terminó perdiendo la vida en circunstancias trágicas”, expresó su familia en un comunicado previo.
El caso impulsó al gobernador Josh Stein a firmar la denominada Ley de Iryna, que refuerza los controles judiciales sobre individuos con antecedentes de violencia antes de concederles libertad bajo fianza. “Podemos y debemos hacer más para mantener a las personas seguras”, declaró Stein al anunciar la medida.
Los registros judiciales revelan que Brown contaba con un historial delictivo de más de una década, incluyendo condenas por allanamiento y robo, por las que cumplió cinco años de prisión.
La muerte de Zarutska provocó una ola de solidaridad con su familia y reavivó el debate sobre la seguridad en el transporte público y las políticas de control de antecedentes en Estados Unidos. El proceso judicial contra Brown continúa en curso, mientras la fiscalía federal evalúa si solicitará la pena capital.
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