En un caso que ha despertado asombro y controversia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó “por error” a México a Alejandro Juárez-Castillo, un inmigrante que pasó diez años trabajando para la Organización Trump y mantenía vínculos personales con miembros de la familia del presidente.
La historia fue dada a conocer por su abogado, Aníbal Romero, quien calificó el hecho como una “grave violación del debido proceso”. Juárez-Castillo, residente en Nueva York desde hace más de 25 años, fue detenido días antes de una audiencia migratoria que debía definir su estatus legal. Sin embargo, en lugar de presentarlo ante la corte, fue trasladado primero a Arizona y posteriormente enviado a Matamoros, México.
“Mi cliente tenía una audiencia pendiente. Un día me llama desde México diciéndome que ya lo habían deportado. Fue increíble”, relató Romero en declaraciones recogidas por medios estadounidenses. Según explicó, cuando compareció ante la jueza migratoria, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tenía conocimiento del paradero del hombre y afirmó que “todavía estaba detenido”.
Posteriormente, las autoridades reconocieron el error y se disculparon con el abogado, asegurando que intentarían traer de vuelta a Juárez-Castillo a territorio estadounidense. No obstante, hasta el momento no hay claridad sobre si esa promesa será cumplida.
El caso, según Romero, refleja la presión interna dentro de las agencias migratorias por cumplir metas de deportación que alcanzan hasta 3,000 casos diarios. “Cuando se trabaja bajo esa lógica de números, los errores y abusos son inevitables”, advirtió el letrado, quien considera que su cliente debería tener la oportunidad de continuar su proceso de asilo conforme a la ley.
Juárez-Castillo, padre de tres hijos —uno de ellos un infante de marina estadounidense—, había solicitado asilo político y cumplía regularmente con sus citas ante las autoridades migratorias. Su abogado sostiene que el arresto y deportación se realizaron sin la firma de un juez, lo que convierte el procedimiento en ilegal.
“ICE puede detener a una persona, pero solo un juez puede ordenar la deportación. En este caso, se actuó al margen de la Constitución”, denunció Romero.
Más allá del error administrativo, el caso ha despertado atención por la conexión del inmigrante con la familia Trump. Según su abogado, Alejandro trabajó directamente con Eric Trump durante años, hablaba inglés con fluidez y gozaba de la confianza del entorno familiar del mandatario.
“Es irónico que alguien que sirvió a esa familia por tanto tiempo haya terminado deportado bajo un sistema que ellos mismos endurecieron”, comentó Romero con evidente frustración.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido una respuesta oficial sobre lo ocurrido ni sobre la posibilidad de repatriar al afectado. Mientras tanto, Juárez-Castillo permanece en México, esperando poder regresar al país donde construyó su vida durante más de dos décadas.
Fuente: El Diario
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