A partir del 1 de julio de 2025, los cubanos que solían pagar en efectivo sus facturas de electricidad y teléfono ya no podrán hacerlo en las sucursales del Banco Metropolitano, al menos no si no son jubilados o pensionados.
La entidad bancaria, con presencia exclusiva en La Habana, anunció que estos pagos deberán realizarse exclusivamente en oficinas de Correos de Cuba o mediante canales digitales como Transfermóvil, Enzona, Telebanca o cajeros automáticos.
Según la nota oficial, solo habrá una excepción: los adultos mayores que cobran sus pensiones directamente en sucursales bancarias podrán seguir pagando sus servicios en efectivo, pero únicamente en los días señalados por el calendario oficial de pagos. Fuera de ese margen, la única opción será digital. El argumento: reducir el uso de efectivo en el marco del proceso de bancarización forzada que impulsa el gobierno desde hace meses.
Esta medida, lejos de facilitar la vida de la población, ha desatado un nuevo ciclo de preocupación, malestar e incertidumbre. A pesar de los intentos oficiales por vender la bancarización como un paso hacia la modernidad, en la práctica se traduce en una desconexión profunda entre las decisiones estatales y la realidad cotidiana del cubano promedio.
Los adultos mayores, en particular, se ven gravemente afectados. Muchos no poseen teléfonos inteligentes, no saben manejar aplicaciones digitales o viven en zonas sin acceso estable a internet. Algunos ni siquiera tienen cobertura móvil confiable. A eso se suma la escasa disponibilidad de cajeros automáticos y el deterioro general de la infraestructura tecnológica del país.
La política no solo es autoritaria en su aplicación, sino también profundamente excluyente en sus efectos. Obliga a millones a adaptarse a un sistema sin condiciones para hacerlo, empujando al borde del sistema a quienes más protección necesitan.
La bancarización, concebida teóricamente como un paso hacia la inclusión financiera, termina funcionando como un instrumento de marginación social.
En última instancia, la medida evidencia una distancia cada vez mayor entre las políticas gubernamentales y las necesidades básicas del pueblo. Cuando un gobierno exige tecnología sin ofrecer conectividad, y exige pagos digitales sin garantizar acceso, no está promoviendo el progreso, sino profundizando las desigualdades.
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