La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo trascendental que podría transformar el modo en que se interpreta la ciudadanía por nacimiento en el país. En una votación de 6 a 3, el alto tribunal respaldó parcialmente a la administración de Donald Trump, permitiéndole avanzar en su objetivo de restringir el acceso automático a la ciudadanía estadounidense para hijos de inmigrantes indocumentados o en situación temporal.
Esta decisión no solo tiene implicaciones para millones de personas nacidas en suelo estadounidense, sino que también redefine los límites del poder judicial frente al Ejecutivo.
La medida no se pronunció sobre la constitucionalidad de la polémica orden ejecutiva de Trump, denominada “Protección del Significado y Valor de la Ciudadanía Americana”, pero sí abordó un punto crítico: la autoridad de los tribunales inferiores para emitir "injunctions universales", es decir, bloqueos legales que impiden aplicar una política en todo el país.
Según la mayoría conservadora de la Corte, estos tribunales se han extralimitado en sus funciones al impedir la aplicación generalizada de políticas federales con fallos que benefician a más personas de las directamente involucradas en cada caso.
"Con este fallo, el Supremo reduce de forma drástica la capacidad de los tribunales para frenar políticas presidenciales, incluso cuando se trate de derechos fundamentales como la ciudadanía", expresó la jueza Sonia Sotomayor en una contundente disidencia, a la que se sumaron Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Sotomayor advirtió que esta decisión “abre la puerta a abusos” y debilita los contrapesos que tradicionalmente han limitado el poder presidencial.
La orden ejecutiva de Trump, aún pendiente de aplicación plena, establece que no todos los nacidos en territorio estadounidense tienen derecho a la ciudadanía automática si sus padres están de forma ilegal o temporal en el país. El texto reinterpreta la Enmienda 14 de la Constitución, que desde el siglo XIX ha sido la base legal para el derecho de ciudadanía por nacimiento.
Trump reaccionó con entusiasmo en sus redes sociales, anunciando que su “lucha por proteger el significado de la ciudadanía americana” había dado un paso importante.
Aunque la Corte no dio luz verde inmediata a la implementación de la orden ejecutiva, sí instruyó a los tribunales inferiores a revisar sus bloqueos dentro de un plazo de 30 días, lo que podría allanar el camino para su aplicación progresiva. Mientras tanto, expertos legales anticipan una nueva ola de demandas, esta vez más limitadas en alcance, pero centradas directamente en la constitucionalidad de la política en sí.
El fallo representa una victoria estratégica para Trump, no solo en materia migratoria, sino en su visión de una presidencia menos constreñida por el poder judicial. Las implicaciones de este precedente podrían extenderse mucho más allá de la ciudadanía por nacimiento.
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