La detención de un agente del Cuerpo Nacional de Policía en el Aeropuerto "Adolfo Suárez" Madrid-Barajas destapó un caso de corrupción que amenaza con sacudir la imagen de los controles fronterizos en España.
Según ha trascendido, el agente, que desempeñaba funciones en el segundo filtro de acceso al espacio Schengen, habría exigido pagos en efectivo a ciudadanos extranjeros para permitir su entrada en el país, eludiendo así los requisitos oficiales o encubriendo supuestas irregularidades documentales.
Lo más grave es que este comportamiento no fue aislado: varias víctimas denunciaron que la tarifa impuesta podía alcanzar los 100 euros por persona y día, sumando en algunos casos cifras que superaban los miles de euros.
Las investigaciones, que ahora dirige el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, se iniciaron tras la denuncia de cuatro viajeros, principalmente procedentes de países hispanoamericanos, quienes habrían sido presionados por el agente para evitar ser devueltos a sus lugares de origen.
“Se valía de su autoridad para intimidar y sacar provecho económico de personas vulnerables que llegaban esperanzadas a territorio español”, señalaron fuentes jurídicas implicadas en el caso. El policía, según se ha sabido, llegaba incluso a borrar los nombres de los pasajeros coaccionados de la lista oficial de inadmitidos, tratando de eliminar cualquier rastro de su proceder ilegal.
El Aeropuerto de Madrid-Barajas es una de las principales puertas de entrada a Europa, con más de 66 millones de pasajeros registrados en 2024, de los cuales cerca de 48,5 millones correspondieron a vuelos internacionales.
La magnitud de este flujo convierte cada punto de control en un foco potencial de abusos si no se aplican medidas estrictas de vigilancia interna. En este contexto, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional actuó con celeridad al identificar al sospechoso y proceder a su arresto en el mismo aeropuerto.
Actualmente, el acusado se encuentra en prisión provisional, y la Fiscalía ha solicitado que el juicio se celebre ante un jurado popular, dada la gravedad del delito de cohecho que se le imputa.
El artículo 419 del Código Penal español contempla penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación para los funcionarios públicos que acepten dádivas o promesas a cambio de incumplir sus deberes. “Este caso no solo implica una traición a la legalidad, sino también un ataque directo a la confianza ciudadana en las instituciones que deben proteger la integridad del Estado de Derecho”, concluyen fuentes cercanas al proceso.
Fuente: INFOBAE
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