La construcción de un centro de detención temporal para inmigrantes en plena Reserva Nacional del Gran Ciprés, en los Everglades de Florida, ha provocado la indignación de líderes indígenas y ambientalistas, quienes denuncian que el sitio es territorio ancestral sagrado de las tribus mikasuki y seminola.
El proyecto, promovido por la administración del gobernador Ron DeSantis, avanza rápidamente en una antigua pista de aterrizaje propiedad del condado de Miami-Dade, ubicada a unos 72 kilómetros al oeste del centro de Miami. Se están levantando estructuras temporales como carpas de alta resistencia y remolques, en un área que el estado considera “ideal” por su aislamiento natural y su entorno plagado de caimanes y pitones.
Sin embargo, para los pueblos originarios, el terreno es mucho más que un pantano remoto. “El Gran Ciprés no es un desierto poblado solo por animales salvajes. Es nuestra tierra, nuestro hogar ancestral”, advirtió Talbert Cypress, presidente de la tribu mikasuki, quien recordó que todavía existen 15 aldeas tradicionales, así como cementerios y lugares ceremoniales en esa región.
“Vivimos aquí. Nuestros antepasados están enterrados aquí. El Gran Ciprés es parte de nosotros, y nosotros somos parte de él”, señaló Cypress, quien ya había testificado en el Congreso sobre la importancia de preservar este ecosistema sagrado.
El complejo ha sido apodado por críticos como el “Alcatraz de los caimanes”, en referencia tanto al aislamiento del lugar como a la supuesta idea del gobierno estatal de que los animales salvajes servirán como barrera natural para evitar fugas. Para Garrett Stuart, residente cercano al sitio, esa lógica es absurda. “Solo alguien que no ha pasado tiempo en el pantano puede decir que los caimanes son guardias de seguridad. Le temen más al ser humano que al revés”, expresó.
El proyecto forma parte de la estrategia del gobernador DeSantis para endurecer las medidas contra la inmigración, en línea con las políticas impulsadas por el expresidente Donald Trump. La Guardia Nacional de Florida ya se prepara para desplegar hasta 100 soldados en el sitio a partir del 1 de julio, con la misión de garantizar seguridad y apoyo operativo.
La iniciativa ha generado alarma entre defensores del medio ambiente, quienes señalan que la región es objeto de un multimillonario programa de restauración ecológica que podría verse gravemente afectado. La instalación podría albergar hasta 1.000 migrantes de manera indefinida, una acción que —según denuncian activistas— pondría en peligro la biodiversidad del ecosistema y la herencia cultural indígena.
Fuente: AP
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