La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa intensificando los operativos dirigidos a inmigrantes con historial criminal grave. Uno de los casos más recientes es el de Juan Félix Yanes Montano, un cubano de 56 años arrestado en Miami-Dade por robo con arma mortal, allanamiento armado y secuestro.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, este arresto forma parte de una campaña nacional enfocada en inmigrantes indocumentados que representan una amenaza directa a la seguridad pública.
No es un caso aislado. En Detroit, Michigan, fue detenido Lázaro Vladimir Martínez Argundi, de 53 años, también cubano, acusado de delitos sexuales vinculados con la explotación infantil. Estos crímenes, considerados de alta prioridad por ICE, suelen derivar en procedimientos acelerados de deportación, aunque Cuba ha mostrado una resistencia sistemática a recibir de vuelta a sus ciudadanos con antecedentes penales graves. Esta negativa entorpece la repatriación y provoca las tensiones diplomáticas persistentes entre Washington y La Habana.
A estos casos se suman otros como el de Roberto Peña Labrada, deportado en 2023 tras cumplir una condena de 12 años en Texas por tráfico de metanfetaminas. En Nueva Jersey, Ernesto Luis García fue detenido en 2024 luego de múltiples arrestos por violencia doméstica y posesión de armas ilegales. Aunque ICE ordenó su deportación, las autoridades cubanas se negaron a emitir la documentación consular necesaria para su repatriación.
"Cuba se ha convertido en un obstáculo recurrente en la política de deportaciones, especialmente cuando se trata de individuos con antecedentes criminales graves", señaló un funcionario federal bajo condición de anonimato.
Mientras tanto, ICE incrementa su capacidad de localización utilizando bases de datos de agencias como Medicaid, lo cual ha despertado críticas por presunta invasión de la privacidad.
En junio de 2025, ICE reportó más de 35.000 arrestos, triplicando las cifras del año anterior. Este aumento coincide con un alza del 800% en los ataques contra agentes, lo que ha llevado al uso de máscaras y protocolos especiales de seguridad.
En medio de esta escalada, el gobierno estadounidense enfrenta el reto de hacer cumplir sus políticas migratorias sin colaboración efectiva de La Habana, en un contexto donde la seguridad pública y los derechos humanos entran en tensión permanente.
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