La aprobación del Decreto 127/2025 “De las instituciones presupuestadas”, junto a sus resoluciones complementarias, introduce cambios significativos en la gestión del sector público cubano, al modificar el esquema tradicional de financiamiento estatal de múltiples entidades.
La normativa establece nuevas condiciones para el funcionamiento de las llamadas unidades presupuestadas, que históricamente han dependido del presupuesto del Estado para garantizar la prestación de servicios en áreas como salud, cultura, ciencia y administración. Con el nuevo marco legal, estas instituciones podrán generar ingresos propios, retener utilidades, aplicar sistemas de pago por resultados y, en determinados casos, avanzar hacia esquemas de autofinanciamiento parcial o total.
Según lo dispuesto en el decreto, cuando una actividad dentro de una unidad presupuestada cubra sus gastos con los ingresos que genera, será considerada autofinanciada. Asimismo, aquellas actividades con resultados positivos podrán implementar incentivos económicos vinculados al desempeño de sus trabajadores.
El alcance de la medida es amplio. Más de 2.400 entidades estatales, que agrupan a más del 50% de los empleados públicos en el país, quedan sujetas a este nuevo esquema de gestión. No obstante, la normativa también establece que estas entidades deberán aportar al presupuesto estatal una parte significativa de sus ingresos, incluyendo hasta el 60% de los resultados positivos en el caso de las unidades con tratamiento especial.
Dentro de esta categoría especial se incluyen varias instituciones vinculadas al sistema de salud, como centros de investigación, clínicas internacionales y entidades regulatorias, que contarán con mayores márgenes para gestionar recursos y definir esquemas salariales. También se contemplan entidades del ámbito cultural y servicios comunales.
El decreto mantiene formalmente fuera del modelo autofinanciado a sectores como la educación y gran parte del sistema de salud pública, aunque introduce mecanismos que permiten la aplicación de incentivos económicos diferenciados y cierta descentralización en la gestión.
Además, la normativa abre la posibilidad de que algunas unidades presupuestadas evolucionen hacia estructuras empresariales estatales, en la medida en que desarrollen actividades económicas, establezcan asociaciones o incrementen su capacidad de generación de ingresos.
De acuerdo con el enfoque oficial, el objetivo de estas transformaciones es mejorar la eficiencia administrativa, reducir la carga sobre el presupuesto estatal y elevar la calidad de los servicios. La implementación del decreto se produce en un contexto de dificultades económicas, caracterizado por restricciones fiscales y tensiones en el financiamiento público. El nuevo marco introduce así un modelo de gestión que combina elementos administrativos y económicos, con un mayor énfasis en la generación de ingresos propios por parte de las instituciones estatales.
Fuentes: Diario de Cuba y CiberCuba
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