El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el inicio de procedimientos legales para retirar la ciudadanía a 17 personas naturalizadas, acusadas de delitos graves que incluyen fraude, abuso sexual de menores, narcotráfico, lavado de dinero y estafas financieras.
Las acciones forman parte de una política federal que permite la revocación de la naturalización cuando se demuestra que la ciudadanía fue obtenida mediante fraude, ocultamiento de información relevante o declaraciones falsas durante el proceso migratorio.
Según las autoridades, los acusados habrían mentido o encubierto antecedentes penales para obtener la ciudadanía estadounidense, lo que los haría legalmente inelegibles para la naturalización bajo la legislación vigente.
Entre los casos reportados figuran ciudadanos originarios de distintos países, incluidos México, Haití, Colombia, India, Jamaica, Filipinas, Yugoslavia y República Dominicana, involucrados en esquemas de fraude migratorio, delitos sexuales, conspiraciones financieras y tráfico de drogas.
Sin embargo, entre los 17 expedientes destacan dos casos de ciudadanas de origen cubano, señaladas por su participación en esquemas de fraude financiero y ocultamiento de información durante su proceso de naturalización.
Dos casos de cubanas bajo revisión judicial
Una de las ciudadanas cubanas identificadas es Leidys Delmas García (54 años), acusada de conspiración para cometer fraude en el sistema de salud. De acuerdo con la investigación, habría participado en la creación y operación de unas 30 clínicas de fisioterapia en Florida que facturaron fraudulentamente cerca de 36.7 millones de dólares a aseguradoras médicas por servicios no prestados o no necesarios.
Las autoridades señalan que durante su proceso de naturalización, Delmas García declaró bajo juramento no haber cometido delitos ni haber proporcionado información falsa a funcionarios migratorios, afirmaciones que posteriormente fueron consideradas falsas. El gobierno estadounidense sostiene que estas omisiones fueron determinantes para obtener la ciudadanía de forma ilegal.
El segundo caso corresponde a Milagros Marileisis Acosta Torres (40 años), señalada por su participación en una conspiración para defraudar a un casino tribal en Florida. Según la denuncia, estuvo vinculada a un esquema de robo de millones de dólares mediante la creación de vales de crédito falsos, además de realizar transacciones financieras para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Las investigaciones indican que Acosta Torres habría negado en su proceso de naturalización cualquier antecedente criminal, a pesar de su presunta implicación en actividades de lavado de dinero y fraude financiero. Las autoridades alegan que su ciudadanía fue obtenida mediante tergiversación deliberada de hechos relevantes.
Otros casos incluidos en la acción federal
El resto de los casos involucra a personas acusadas de delitos como abuso sexual de menores, fraude electrónico, conspiraciones de drogas, uso de identidades falsas, fraude migratorio y estafas financieras multimillonarias. Entre ellos figuran ciudadanos de Jamaica, India, México, Haití, Colombia y Filipinas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que todos los implicados habrían incumplido el requisito de “buena conducta moral” exigido durante el proceso de naturalización, además de haber mentido bajo juramento o escondido información clave para obtener la ciudadanía.
El Departamento de Justicia afirmó que continuará aplicando estas medidas en coordinación con agencias federales de inmigración para identificar casos en los que la ciudadanía haya sido obtenida de manera fraudulenta.
Los procesos de desnaturalización deberán ser evaluados por tribunales federales, donde los acusados tendrán la oportunidad de impugnar las acusaciones y defender su estatus migratorio.
Fuente: Departamento de Justicia de EE.UU.
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