Un informe reciente de la organización Prisoners Defenders revela que en Cuba persisten 1.150 presos políticos y de conciencia, de los cuales 728 cumplen condena en prisión y 422 bajo arresto domiciliario. La ONG denuncia que el régimen cubano niega de manera sistemática los beneficios penales a los opositores encarcelados, violando sus derechos fundamentales.
El pasado 14 de enero, el gobierno cubano anunció la excarcelación gradual de 553 prisioneros, como parte de un acuerdo con el Vaticano. No obstante, según Prisoners Defenders, solo 201 de ellos eran presos políticos y fueron liberados bajo un régimen de prisión domiciliaria que no implica libertad plena.
El informe subraya que el 60% de los convictos de conciencia deberían haber sido liberados según las propias leyes cubanas. En el caso de las mujeres, todas aquellas sin antecedentes penales deberían estar en libertad. De las 42 prisioneras en esta situación, seis deberían haber sido liberadas sin restricciones y 36 bajo libertad condicional.
El análisis de 440 casos de convictos de conciencia revela que:
Todos los jóvenes de entre 16 y 20 años sin antecedentes penales deberían haber sido excarcelados. De los 59 encarcelados, 11 deberían estar completamente libres y 48 en libertad condicional.
Más del 50% de los hombres mayores de 20 años sin antecedentes penales deberían estar en régimen abierto.
47 de las 48 mujeres presas políticas padecen enfermedades graves sin acceso a tratamiento.
580 de los 640 hombres convictos de conciencia presentan patologías como desnutrición severa, hipertensión y trastornos mentales.
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, alertó sobre el deterioro físico y mental de los prisioneros en Cuba. "Las condiciones sanitarias en las cárceles cubanas son deplorables. Los presos sufren desnutrición, hipertensión, diabetes, asma y problemas mentales sin recibir atención adecuada. Su salud se deteriora rápidamente debido al maltrato y la negligencia", declaró.
Según el informe, 33 menores de edad siguen detenidos, 15 de ellos condenados por sedición con penas promedio de cinco años. Larrondo denunció que estos jóvenes son enviados a centros penitenciarios disfrazados de "Escuelas de Formación Integral", que en realidad están bajo el control del Ministerio del Interior y funcionan como prisiones.
El documento también expone que 123 mujeres continúan presas en condiciones de salud críticas. "Las presas políticas en Cuba enfrentan una doble represión: la del régimen y la de las condiciones inhumanas en las que están detenidas", afirmó Larrondo.
Prisoners Defenders destaca que la represión en la isla sigue en aumento. En el último año, 158 personas han sido encarceladas por motivos políticos, un promedio de 13 nuevos presos políticos cada mes. En total, 1.216 personas han pasado por la lista de prisioneros políticos en los últimos 12 meses, y todos han sido sometidos a torturas, según la ONG.
De los 1.150 prisioneros políticos actuales:
33 fueron detenidos cuando eran menores de edad, y 15 han sido condenados por sedición con penas promedio de cinco años.
222 manifestantes han sido acusados de sedición, de los cuales 219 ya han recibido sentencias de un promedio de 10 años de prisión.
721 presentan enfermedades graves derivadas de la falta de alimentación, el maltrato y la falta de atención médica.
70 padecen trastornos mentales severos sin recibir tratamiento psiquiátrico adecuado.
"Las prisiones cubanas ponen en peligro la vida de los detenidos. El silencio es la muerte para los presos políticos", advirtió Larrondo, instando a la comunidad internacional a denunciar la situación.
Finalmente, Prisoners Defenders señala que el gobierno cubano reconoce la existencia de menores en prisión en sus informes a la ONU, pero no toma medidas para corregir la situación. "El régimen sigue encarcelando niños y adultos en condiciones infrahumanas, mientras la comunidad internacional guarda silencio", concluyó el informe.
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