Cuba atraviesa una de las crisis sanitarias más graves de su historia reciente. Con hospitales saturados, farmacias vacías y brotes simultáneos de dengue, chikungunya y oropouche que ya se extienden por casi todo el país, la ausencia pública del ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, se ha convertido en un símbolo de la opacidad institucional.
No hay conferencias de prensa, ni comparecencias, ni explicaciones claras. El funcionario encargado de dirigir el sistema de salud de once millones de personas ha desaparecido del debate público justo cuando la población más necesita información y orientación. En cualquier país democrático, un ministro bajo semejante presión estaría informando a diario, ofreciendo datos actualizados y medidas concretas. En Cuba, en cambio, Portal Miranda se mantiene en silencio, escondido detrás de partes epidemiológicos que apenas comunican lo imprescindible.
En julio, el propio ministro admitió ante la Asamblea Nacional que el sistema sanitario enfrenta una “crisis estructural sin precedentes”. Sin embargo, ahora parece haber optado por el silencio administrativo, como si la omisión fuese una estrategia. En las últimas semanas han sido viceministros y directores provinciales quienes han salida a reconocer la expansión de los virus y la complejidad epidemiológica del país. La viceministra Carilda Peña García reconoció transmisión activa en la mayoría de las provincias, mientras que el doctor Francisco Durán se ha convertido en portavoz casi permanente de la emergencia. Pero de Portal Miranda no hay rastro: ni declaraciones, ni entrevistas, ni explicaciones públicas. Su silencio es ya una respuesta en sí misma y un reflejo de la parálisis política y moral que domina la conducción del sector.
Su última aparición pública ocurrió a mediados de octubre, cuando minimizó la expansión del dengue y aseguró que “la situación estaba bajo control”. En una reunión en Matanzas afirmó que no se habían registrado muertes por dengue ni chikungunya, pese a los reportes ciudadanos de fallecimientos, hospitales colapsados y un aumento acelerado de los casos febriles. Reducir la crisis a “rumores” y sostener que estas enfermedades “ni son nuevas, ni son raras, ni son desconocidas” fue su última intervención antes de desaparecer del escenario público.
Desde entonces, los contagios han aumentado y la situación sanitaria se ha deteriorado aún más. Médicos trabajando sin reactivos, niños atendidos en pasillos, familias buscando analgésicos durante horas, colas interminables para conseguir una inyección: esa es la vida cotidiana de millones de cubanos. Mientras tanto, el MINSAP publica comunicados ambiguos y estadísticas incompletas. No se conoce la cifra real de enfermos, cuántos han muerto ni cuáles son los territorios más afectados. La falta de transparencia es tal que proliferan versiones contradictorias cada semana, mientras las autoridades piden calma a una población exhausta.
La emergencia actual tiene un protagonista innegable: el mosquito. Pero lo que antes eran brotes de dengue ahora es una combinación explosiva de varias arbovirosis —dengue, chikungunya y oropouche— que están comprometiendo la capacidad hospitalaria y poniendo al límite a los servicios sanitarios. Expertos advierten que la coinfección agrava el cuadro clínico y aumenta el riesgo de complicaciones fatales, especialmente en niños y ancianos.
La respuesta oficial continúa reducida a consignas vacías sobre “control de foco” y llamados a la responsabilidad individual, mientras la basura se acumula en las calles y las brigadas de fumigación carecen de combustible e insecticidas. El Estado que durante décadas se presentó como “potencia médica” hoy descarga en los vecinos la responsabilidad de eliminar criaderos, en un país donde las arbovirosis avanzan sin freno.
Portal Miranda reconoció hace apenas unos meses que solo el 30 % del cuadro básico de medicamentos está disponible. En la práctica, eso significa que la mayoría de los tratamientos para la fiebre, el dolor, la deshidratación y las infecciones secundarias no existen en las farmacias estatales. Los enfermos dependen del mercado negro o de envíos desde el exterior, lo que ha generado desigualdad, desesperación y un aumento de muertes evitables.
El silencio del ministro no solo es una omisión política: es una falta moral. En un sistema donde el Estado controla todos los recursos y toda la información, su ausencia niega a los ciudadanos el derecho básico a saber qué está ocurriendo. Nadie conoce cuántos casos hay, qué presupuesto se ha destinado a fumigación o qué medidas concretas se están tomando en los territorios más afectados.
El ministro debería estar explicando por qué no hay medicamentos, por qué faltan insumos para la fumigación, por qué los hospitales carecen de mosquiteros, por qué los diagnósticos tardan semanas y por qué los médicos atienden sin los recursos mínimos. En su lugar, el Gobierno repite su libreto habitual: responsabilizar al “bloqueo”, culpar al clima y apelar a la “resistencia del pueblo”.
En medio de una emergencia epidemiológica de escala nacional, la ausencia de liderazgo en el MINSAP se convierte en otra forma de crisis: una que no solo afecta la salud pública, sino también la confianza ciudadana en un sistema que, a todas luces, ha dejado de responder.
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