El paso del huracán Melissa dejó en Santiago de Cuba una estela de destrucción sin precedentes. Según los primeros reportes, más de 95.000 viviendas resultaron afectadas, de las cuales aproximadamente 2.300 sufrieron derrumbes totales, dejando a miles de familias sin techo y obligadas a improvisar refugios temporales.
Dos semanas después del ciclón, el 57% de la provincia sigue sin electricidad, lo que dificulta la recuperación y agrava las condiciones de vida de los habitantes. La infraestructura agrícola también sufrió daños severos: 158.000 hectáreas de cultivos quedaron destruidas, comprometiendo aún más la ya precaria seguridad alimentaria en la región.
La escasez de alimentos es uno de los problemas más acuciantes. Muchos residentes solo logran realizar una comida al día, mientras que el resto del tiempo deben conformarse con frituras de yuca o alimentos de baja calidad.
El Sistema de Atención a la Familia (SAF) ha intentado brindar asistencia, pero las raciones son escasas, mal elaboradas y de limitada variedad, lo que ha generado críticas y descontento en la población. La paralización de la industria local impide además la producción de bienes esenciales, limitando la disponibilidad de alimentos y productos de primera necesidad.
La crisis sanitaria representa otro desafío importante. Se han reportado muertes relacionadas con enfermedades como la arbovirosis, aunque no hay cifras oficiales disponibles. Testimonios de vecinos indican fallecimientos en la Universidad de Oriente y entierros masivos realizados sin velorio adecuado, lo que refleja la falta de transparencia en el manejo de la información.
A esto se suma la llegada de agua con sedimentos y fango a través de las tuberías, aumentando el riesgo de brotes de enfermedades y comprometiendo la salud pública.
Los servicios básicos colapsaron casi por completo. El 90% del alcantarillado está fuera de servicio, provocando inundaciones frecuentes, mientras que los vecinos se ven obligados a obstruir bocacalles con basura para exigir su recogida. La empresa Comunales enfrenta déficit de personal, derivado de salarios insuficientes y condiciones laborales precarias, lo que retrasa la recuperación de la ciudad.
La economía informal se ha convertido en un recurso casi obligatorio. Los cajeros automáticos no funcionan, obligando a los trabajadores a gastar hasta un 30% de sus ingresos solo para obtener efectivo. Las transferencias electrónicas son, en muchos casos, la única alternativa, aunque con limitaciones.
La juventud se encuentra particularmente afectada: no hay espacios de esparcimiento ni programas de contención psicológica, lo que agrava el trauma post ciclón. El consumo de alcohol entre los jóvenes ha aumentado debido a la falta de actividades y apoyo.
En barrios como Chicharrones, la falta de electricidad impide la recuperación de la vida cotidiana y mantiene a la población en una situación de vulnerabilidad extrema. La ciudad enfrenta así un panorama complejo que requiere atención inmediata y acciones coordinadas para restablecer la normalidad.
Fuente: Librado Linares, activista
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