El gobernador de Florida, Ron DeSantis, impulsa una propuesta que busca imponer la pena de muerte de manera automática para inmigrantes indocumentados condenados por delitos capitales. La medida, contenida en los proyectos de ley HB 3C y SB 4-C, ha generado un fuerte debate entre legisladores, juristas y defensores de derechos humanos, quienes la consideran inconstitucional.
El proyecto plantea que cualquier inmigrante en situación irregular que sea declarado culpable de delitos como asesinato en primer grado, violación de menores o tráfico de drogas enfrente obligatoriamente la pena capital, eliminando la posibilidad de que jueces y jurados consideren atenuantes o circunstancias particulares en cada caso.
El plan ha sido calificado como una estrategia para reforzar la política migratoria restrictiva de DeSantis y sus aliados en Florida. Maria DeLiberato, directora ejecutiva de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP), advierte que esta legislación vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU., al eliminar el derecho a un juicio justo con jurado en casos de pena capital.
En una carta enviada al Comité de Asignaciones del Senado de Florida, FADP denuncia que la ley representa una ampliación peligrosa del uso de la pena de muerte bajo el pretexto de controlar la inmigración. “No aborda las verdaderas causas de la migración ni refuerza las políticas fronterizas existentes”, señala la organización.
Esta iniciativa se suma a una serie de medidas promovidas tanto por DeSantis como por el expresidente Donald Trump, quien recientemente firmó una orden ejecutiva para reforzar la pena de muerte en casos de crímenes graves cometidos por inmigrantes ilegales. Sin embargo, a diferencia del proyecto de Florida, el decreto de Trump permite cierto margen de discreción judicial en la aplicación de la sentencia.
Además de la pena capital obligatoria, la legislación en Florida propone criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados mayores de 18 años, castigándolos con hasta nueve meses de cárcel por permanecer en el estado sin autorización. En casos de reincidencia, la pena podría aumentar hasta un año y un día de prisión.
Asimismo, la propuesta contempla multimillonarios fondos para reforzar la seguridad migratoria en el estado, con 250 millones de dólares en subvenciones para fuerzas policiales y 48,2 millones de dólares destinados al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor para hacer cumplir la normativa.
La propuesta ha desatado un intenso debate sobre su viabilidad legal y su impacto en las comunidades inmigrantes. Mientras sus defensores argumentan que busca disuadir el crimen y fortalecer la seguridad, los críticos la ven como una medida extrema que atenta contra los derechos fundamentales y podría enfrentar impugnaciones legales en tribunales federales.
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