El gobierno del presidente Donald Trump ha lanzado una nueva estrategia migratoria que promete reconfigurar la forma en que se gestionan las deportaciones voluntarias en Estados Unidos. A través de un programa administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los inmigrantes indocumentados que decidan autodeportarse utilizando la aplicación CBP Home recibirán un estipendio de 1.000 dólares una vez confirmado su regreso al país de origen.
La medida, calificada por las autoridades como una “oportunidad histórica”, busca reducir los costos operativos del proceso de deportación, al tiempo que ofrece a los migrantes una alternativa “digna” para salir del país. El DHS afirma que la autodeportación voluntaria no solo disminuye el riesgo de arresto por parte de las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sino que además representa un alivio económico significativo para el sistema. Según cifras oficiales, deportar a un inmigrante de forma forzosa cuesta actualmente alrededor de 17.121 dólares, por lo que el uso de CBP Home reduciría esos gastos en un 70%.
El programa permite a los migrantes comunicar su intención de salir del país a través de la app móvil, sin necesidad de pasar por detenciones prolongadas ni enfrentar procesos judiciales migratorios. Según el comunicado oficial, aquellos que se acojan a esta vía no serán considerados objetivos prioritarios por ICE, lo que podría traducirse en una salida más rápida y menos traumática.
Desde su primer mandato, Trump ha hecho de la política migratoria uno de los pilares de su agenda, y esta nueva medida encaja dentro de su enfoque de endurecimiento del control fronterizo y reducción de la población indocumentada. No obstante, su administración busca ahora combinar ese rigor con incentivos económicos que hagan más viable y atractiva la salida voluntaria del país para miles de migrantes.
El DHS no ha precisado cuántas personas podrían beneficiarse de esta iniciativa ni si el estímulo económico será financiado con fondos ya existentes o con una nueva partida presupuestaria. Tampoco se ha aclarado si esta política se extenderá a migrantes con procesos de asilo pendientes o aquellos en libertad condicional humanitaria.
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