El gobierno de Estados Unidos denunció este viernes la grave situación del preso político cubano Yosvany Rosell García Caso, quien cumple 30 días en huelga de hambre tras ser condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. La Embajada estadounidense en Cuba calificó las condiciones de detención en la prisión de El Yayal como “inhumanas” y exigió su liberación inmediata y atención médica adecuada.
En un comunicado publicado en X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos expresó su profunda preocupación: “No hay justificación alguna para el maltrato que sufre García Caso. Las condiciones en la prisión, sumadas a su precario estado de salud, son motivo de grave preocupación. Debe ser liberado y recibir atención médica adecuada”.
Según informó su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, García Caso fue trasladado desde la prisión Cuba Sí hasta el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez, en Holguín, donde permanece en estado crítico. En un audio enviado a Martí Noticias, Rodríguez explicó que los médicos advirtieron sobre “un posible cuadro severo de deshidratación” y un deterioro extremo. Sin embargo, García Caso se mantiene firme en su huelga de hambre, rechazando ser atendido o examinado por el personal médico.
En un video difundido por su familia, el preso político pidió apoyo urgente a la comunidad internacional para proteger su vida. Su postura ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos y líderes de la oposición cubana. Rosa María Payá, dirigente de Cuba Decide y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó la situación como “un peligro de muerte”. Payá destacó que García Caso es padre de tres hijos y que su detención se produjo únicamente por manifestarse pacíficamente exigiendo libertad durante las protestas del 11 de julio.
La huelga de hambre de García Caso se enmarca en un contexto de denuncias internacionales sobre el trato a presos políticos en Cuba. Su caso ha atraído la atención de organismos de derechos humanos y del gobierno estadounidense, que considera la condena injusta y la situación penitenciaria como violaciones graves a los derechos fundamentales.
(Con información de Martí Noticias)
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