Un migrante cubano identificado como Ariel, participante de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, fue deportado a México tras permanecer siete meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según informó Local 10. Su esposa Elena Lara explicó que el proceso concluyó con la devolución del antillano al país vecino luego de que no se aprobara la solicitud de asilo presentada por él.
Ariel había expresado preocupación por una posible deportación a Cuba debido a su participación en las protestas de 2021, desarrolladas en varias provincias del país. Durante su tiempo en el centro de detención, mantenía comunicación telefónica con su familia en Miami. En octubre, antes de su traslado a México, llamó para felicitar a su hijo en su primer cumpleaños desde la celda donde permanecía retenido.
El migrante había intentado ingresar a Estados Unidos en ocasiones anteriores mientras solicitaba asilo. Posteriormente, en 2022, logró entrar legalmente bajo el programa de parole implementado por la administración del entonces presidente Joe Biden.
Su esposa señala que ese estatus fue revocado con la llegada de la administración de Donald Trump, lo que dejó a Ariel nuevamente expuesto a detenciones y procedimientos de deportación.
Ariel confiaba, según el testimonio de su esposa, en que líderes estadounidenses, incluido el entonces senador Marco Rubio —actual secretario de Estado—, prestarían apoyo a ciudadanos cubanos con antecedentes de represión política en la Isla. Tras su deportación, la familia mantiene comunicación mediante videollamadas.
Otro caso relacionado con procesos migratorios involucra al cubano Dasnier Barea Leyva, de 32 años, quien permanece detenido en el Centro de Detención Alligator Alcatraz, en los Cayos de Florida.
Su esposa, Liénnys Escalona, relató a Telemundo 51 que agentes fronterizos detuvieron al migrante cuando se dirigía a su trabajo, pese a estar tramitando un ajuste de estatus basado en su matrimonio con una ciudadana estadounidense.
Barea Leyva ingresó a Estados Unidos en 2019 con un documento I-220A. De acuerdo con el abogado encargado del caso, este tipo de admisión impide ajustar el estatus migratorio dentro del país, incluso si existe un matrimonio con una ciudadana estadounidense. La familia había presentado una petición I-130, pero el proceso no detuvo la detención ocurrida cuando Escalona cursaba 38 semanas de embarazo.
El 31 de octubre, el migrante fue trasladado al centro de detención en los Cayos, donde continúa a la espera de una definición sobre su situación migratoria.
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