Cuba atraviesa una crisis financiera sin precedentes. En medio del colapso económico, el régimen ha perdido una de sus principales fuentes de divisas: las remesas, que hoy representan menos del 10% de lo que ingresaban hace apenas unos años. La caída no solo se debe a las sanciones internacionales y al deterioro de la economía local, sino también al surgimiento de redes informales que han desplazado al Estado en un negocio que durante décadas controló casi por completo.
Ante esta realidad, las autoridades cubanas han iniciado una ofensiva contra quienes les están “quitando” ese flujo de ingresos. No se trata únicamente de perseguir delitos financieros, sino de un esfuerzo por recuperar un mercado que alimentaba a las arcas del Gobierno en millones de dólares anuales y que ahora se mueve al margen del sistema bancario oficial.
El propio teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Delitos Económicos del Ministerio del Interior, reconoció que el país recibe “menos del 10%” de las divisas generadas por remesas. Según explicó, gran parte del dinero enviado desde el exterior nunca entra al sistema financiero estatal: se queda en operadores privados que utilizan esquemas paralelos para mover fondos entre Estados Unidos y Cuba, aprovechando la falta de confianza en la banca nacional y el colapso de las condiciones económicas internas.
Uno de los casos más citados por las autoridades es el expediente 121/2025, vinculado al cubano Humberto Julio Mora Caballero, quien desde Estados Unidos dirigía una red con más de 30 cuentas bancarias y una base operativa en Camagüey. Su estructura recolectaba grandes volúmenes de pesos cubanos provenientes de actores no estatales y luego los distribuía como supuestas “remesas” dentro del país, mientras las divisas quedaban en el extranjero para pagar importaciones o alimentar negocios ilícitos.
El esquema, de febrero a septiembre de 2025, movió más de mil millones de pesos cubanos y alrededor de 250.000 dólares, según cifras oficiales. Aunque las autoridades lo presentan como una amenaza para la política monetaria, lo cierto es que estas redes responden a una realidad que el Gobierno no puede controlar: la población prefiere operadores informales porque pagan más, son más rápidos y no pasan por el sistema bancario estatal, donde las demoras, los controles y la escasez de efectivo son constantes.
Para el régimen, estas operaciones representan una pérdida directa de liquidez. Cada dólar que no entra a la banca estatal es un dólar menos para importar alimentos, combustible o productos básicos. Además, la falta de circulación de efectivo en moneda nacional —producto de estas redes que operan fuera del circuito bancario— agrava la falta de dinero en cajeros y bancos.
Pero detrás del discurso de “enfrentamiento al delito”, se esconde otra preocupación: la competencia. Los llamados “financistas” y operadores informales se han convertido en un mercado alternativo que funciona mejor que el oficial, lo que erosiona aún más la credibilidad del Estado como intermediario económico. Por eso, junto a las detenciones, el Gobierno intenta imponer un relato que vincula cualquier operación fuera del sistema estatal con “subversión” o “guerra económica”.
Pese a los decomisos, las estructuras ilícitas continúan expandiéndose. La combinación de una moneda en caída libre, una banca colapsada y millones de cubanos que dependen de remesas crea un terreno fértil para estos esquemas, que hoy dominan un negocio que antes estaba en manos del Gobierno.
Mientras el régimen promete nuevas regulaciones y operativos, la realidad es que el país enfrenta una crisis estructural que ninguna persecución resolverá: las remesas ya no pasan por el Estado porque la población dejó de confiar en él. El Gobierno intenta recuperar ese flujo, pero sus acciones parecen tardías frente a un mercado que ya encontró otras rutas y que, por ahora, no piensa volver al control oficial.
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