La activista cubana Gretell Salermo denunció este domingo en redes sociales que fumigadores del Estado están cobrando hasta 1,000 pesos por vivienda en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, según un audio que le enviaron desde Cuba y que generó una ola de indignación en línea.
“Acabo de escuchar un audio desde Cuba. Los fumigadores ‘del Estado’ están cobrando mil pesos por fumigar la casa. Esa es la tarifa de Arroyo Naranjo, no sé en otros lugares”, escribió Salermo en su cuenta de Facebook, provocando decenas de respuestas que confirman la práctica en varias provincias.
Usuarios de distintas regiones del país aseguran que el cobro, pese a ser ilegal, se ha vuelto habitual, incluso en zonas donde las autoridades insisten en que las campañas de fumigación son gratuitas.
Uno de los internautas, Yonimiler del Río Polo, afirmó que la orden “viene del poder popular”, que habría indicado a las comunidades que deben “poner el combustible para la fumigación”.
“Es una falta de respeto”, añadió.
En los comentarios, varios cubanos denunciaron situaciones similares: en San Miguel del Padrón el servicio puede costar hasta 2,000 pesos, mientras que en Holguín, Santa Clara y Camagüey los precios oscilan entre 1,800 y 2,500 pesos, según los testimonios recopilados.
“Yo lo pago mil hoy, son como 50 hace 15 años”, ironizó Enrick Pérez, mientras Dailys Iralis Serrano aseguró haber pagado 2,500 pesos para que fumigaran su vivienda.
La indignación también se refleja en comentarios que denuncian la ineficacia y el deterioro del servicio estatal: “Mucho humo y no mata nada”, escribió Soraya Quintero, y Idania Izquierdo calificó la situación como “lucrar con las necesidades del pueblo”.
Las denuncias se producen en medio de una crisis sanitaria nacional marcada por el repunte de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el oropouche, transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Pese a la gravedad de la situación, el régimen continúa presentando las campañas de fumigación como “eficientes”, aunque la realidad en las calles desmiente ese discurso oficialista.
En muchas localidades, los ciudadanos aseguran que solo se fumiga si se paga o si se entrega combustible, lo que deja a las familias más pobres sin protección ante la propagación de las enfermedades.
El caso pone en evidencia el nivel de corrupción y descontrol dentro del sistema estatal, donde servicios básicos, que deberían garantizarse gratuitamente, se han convertido en una fuente de ingresos ilegales en plena emergencia sanitaria.
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