En el poblado costero de El Carmen, en Mar Verde, Santiago de Cuba, la comunidad está consternada tras la detención de dos madres santiagueras, Mailyn Gondre LaO y Yanelis Molina González, de 36 años cada una, ambas con tres hijos menores. La información ha sido reportada por el periodista Yosmany Mayeta Labrada.
Las mujeres fueron arrestadas después de sumarse a un reclamo colectivo del barrio, donde vecinos exigían servicios básicos como agua potable y electricidad, tras días enfrentando condiciones críticas. Según testimonios locales, Mailyn y Yanelis no lideraron disturbios ni actuaron violentamente; su participación se limitó a mostrar la realidad de cientos de familias que viven entre casas deterioradas, sin recursos y con niños expuestos al abandono.
Hasta la fecha, no se ha presentado ninguna acusación formal en contra de las detenidas. No han sido llevadas ante tribunal, y sus familias aún no reciben explicación alguna sobre el motivo de la detención. Se teme que puedan ser trasladadas a la Unidad de Interrogatorio de Versalles, lo que ha aumentado la preocupación de vecinos y allegados, quienes consideran que una protesta pacífica se está convirtiendo en un caso criminal.
Mailyn, en particular, enfrenta condiciones difíciles: vive con sus tres hijos menores —de 6, 7 y 9 años— y su madre enferma, en una vivienda parcialmente sin techo y sin colchones adecuados. La comunidad expresa indignación porque la detención afecta directamente a los menores y a la salud de la madre anciana que quedó sola. Los vecinos cuestionan cómo se puede separar a una madre de sus hijos por exigir servicios esenciales.
Yanelis Molina, por su parte, también es madre de tres menores y su arresto refuerza la sensación de arbitrariedad y represión en la zona. Ambos casos evidencian la vulnerabilidad de las familias que se atreven a alzar la voz frente a la ausencia de servicios básicos.
La comunidad de El Carmen exige respuestas, justicia y humanidad. La detención de estas madres no solo hiere a sus familias, sino que envía un mensaje preocupante sobre cómo se trata a quienes reclaman derechos básicos. La voz de una madre que pide agua y electricidad no puede ser considerada un delito, subrayan vecinos y activistas.
Mailyn y Yanelis no están solas: la denuncia pública y la atención mediática buscan visibilizar la injusticia, recordando que la dignidad y la vida familiar deben protegerse, incluso frente a autoridades que han ignorado la situación crítica del barrio.
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