Un nuevo episodio de corrupción sacude a la provincia de Camagüey. Varios trabajadores de un cementerio local —presuntamente el cementerio general de la ciudad— fueron detenidos por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), acusados de vender de manera ilegal capacidades de bóvedas para inhumaciones, según confirmó este martes la Agencia Cubana de Noticias (ACN) con base en informes oficiales.
La información proviene de reportes divulgados por la propia PNR en su página de Facebook Héroes de azul en Cuba, donde se asegura que los implicados “obtenían beneficios económicos ilegítimos mediante estas prácticas, que afectan la transparencia y la dignidad de los servicios funerarios”.
Las autoridades señalaron que el caso continúa bajo investigación y que los detenidos serán presentados ante los tribunales una vez concluyan las pesquisas. La ACN subraya que, según la versión oficial, se garantizarán “las garantías procesales y los derechos establecidos en la Constitución de la República de Cuba”.
Hasta ahora, la información estatal no ha precisado cuántos trabajadores han sido arrestados, cuál es exactamente la necrópolis implicada ni la magnitud económica del esquema de venta ilegal. Tampoco se conoce qué delitos específicos valorará la Fiscalía para formular cargos.
A raíz de la divulgación del caso, el diario independiente 14ymedio recopiló nuevas denuncias de ciudadanos que afirman haber sufrido extorsiones en el sector funerario de la provincia.
Entre los testimonios figura el de una persona que aseguró que un sepulturero le exigió 10.000 pesos cubanos por una tumba individual, mientras otro denunció que en determinados traslados funerarios se pedían hasta 5.000 dólares para dar prioridad al servicio.
Estas denuncias amplifican el malestar de los camagüeyanos, que desde hace tiempo señalan irregularidades, demoras y cobros clandestinos en un sistema funerario deteriorado y sin supervisión real.
El caso de las bóvedas vendidas ilegalmente no solo expone un presunto delito, sino que refleja un fenómeno extendido: la creciente corrupción asociada a servicios básicos en medio de la crisis económica, donde trámites que deberían ser gratuitos o regulados se convierten en negocios informales manejados por empleados estatales.
Por ahora, la población espera que el caso no termine en otro expediente opaco, sino que se aclaren las responsabilidades y se investigue la corrupción estructural que rodea los servicios funerarios en Camagüey.
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