Cuba ha sido identificada como el país con más casos de detención arbitraria reconocidos por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (WGAD) en los últimos seis años. Así lo reveló un informe divulgado por Prisoners Defenders, que detalla un patrón de represión política sin precedentes en el continente. Desde 2019, se han emitido 93 dictámenes condenatorios contra el Estado cubano, una cifra superior a la de cualquier otra nación.
Los dos dictámenes más recientes del WGAD examinan la situación de 49 prisioneros encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021, concluyendo que fueron privados de libertad por motivos políticos e ideológicos. Estas resoluciones señalan la ausencia total de debido proceso, defensa legal independiente, y la existencia de graves violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y torturas.
Según Prisoners Defenders, la magnitud de estos casos demuestra que la detención arbitraria en Cuba es “colectiva y sistemática”, un fenómeno que se evidencia en las resoluciones que analizan grupos numerosos de víctimas en una sola opinión. En los últimos 20 meses, tres dictámenes del WGAD abarcaron a 66 personas, reflejando un esquema represivo sostenido por el Estado.
El análisis del grupo internacional de expertos subraya que los detenidos fueron castigados simplemente por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, religiosa, de reunión pacífica y participación cívica. Las investigaciones también documentan que muchos de los arrestados fueron mantenidos incomunicados durante días o semanas, sin acceso a abogados ni información para sus familias, lo que constituye desaparición forzada según el derecho internacional.
Uno de los dictámenes más relevantes, el 46/2025, examinó el caso de 16 integrantes o simpatizantes de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba. Todos fueron detenidos sin órdenes judiciales luego de participar en las protestas del 11J en Santa Clara. Permanecieron incomunicados, fueron privados del derecho a defensa y posteriormente enfrentaron cargos vagos como “desacato” o “desórdenes públicos”.
En la Opinión 57/2025, el WGAD denunció la detención de 33 manifestantes pacíficos, juzgados por un tribunal militar a pesar de ser civiles. El organismo concluyó que estas detenciones violan múltiples artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y exigió su liberación inmediata e incondicional.
El informe también identificó casos de especial gravedad, como el de Lisdani Rodríguez Isaac, quien estando embarazada recibió trato negligente y condiciones de reclusión inadecuadas; y el de Loreto Hernández García, líder religioso con enfermedades crónicas que ha sufrido amenazas de muerte en prisión. En otros casos, como el de Daisel González Álvarez, se reporta su desaparición sin información oficial sobre su paradero.
Además, el WGAD ha denunciado que muchas excarcelaciones de los últimos meses no han representado una liberación real, pues imponen restricciones severas como vigilancia policial, prohibiciones de participación pública y amenaza constante de reingreso en prisión.
El informe concluye que el Estado cubano utiliza la privación de libertad como un mecanismo de control social dirigido a activistas, periodistas, líderes religiosos, comunidades enteras y movimientos ciudadanos. Para los expertos de Naciones Unidas, este patrón constituye una política de represión sistemática que podría encuadrarse dentro de crímenes de lesa humanidad.
La organización internacional pidió al gobierno cubano la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente y urgió a la comunidad democrática global a reforzar la presión diplomática y los mecanismos de protección frente a estas violaciones continuadas.
(Con información de Infobae)
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