El gobierno federal bajo la administración de Donald Trump ha comenzado a enviar notificaciones formales a patrocinadores de inmigrantes legales advirtiendo que podrían ser responsables de reembolsar al Estado por los costos de ciertos beneficios públicos usados por sus patrocinados, como Medicaid y otros programas sociales. Este movimiento forma parte de una serie de acciones más amplias dirigidas a endurecer las políticas migratorias y limitar el acceso a servicios públicos.
Según declaraciones del subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O’Neill, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está alertando a los patrocinadores de inmigrantes que hayan accedido a Medicaid y otros servicios financiados con fondos federales que podrían tener que pagar al gobierno por esos gastos. Aunque detalles específicos sobre cómo se calcularán estos reembolsos no han sido totalmente aclarados, el anuncio ha generado incertidumbre entre las familias que apoyan a inmigrantes residentes legales.
Abogados de inmigración, como Luis Victoria, han intervenido para aclarar dudas sobre el alcance de estas notificaciones y las obligaciones legales de los patrocinadores. La comunidad legal advierte que muchos patrocinadores pueden desconocer la extensión de su responsabilidad bajo los acuerdos de patrocinio, formalizados en el formulario I-864, en virtud del cual se comprometen a garantizar que el inmigrante no se convierta en “carga pública”. Sin embargo, expertos señalan que estas nuevas cartas de cobro no implican automáticamente una obligación de pago retroactivo sin un proceso legal específico que lo determine.
Este anuncio se da en paralelo con otras políticas federales que buscan limitar el acceso de inmigrantes a beneficios públicos. Por ejemplo, el gobierno ha ordenado a los programas estatales de Medicaid que investiguen a ciertos beneficiarios para verificar su elegibilidad según el estatus migratorio, una medida sin precedentes que ya ha implicado la revisión de más de 170,000 casos en varios estados. Las autoridades federales argumentan que buscan asegurar el cumplimiento de la ley y frenar un gasto que, aseguran, supera los mil millones de dólares en algunos estados.
Además, estas acciones se enmarcan en cambios más amplios a las políticas de beneficios públicos para inmigrantes, incluida la aplicación rigurosa de la regla de “public charge”. Esta normativa permite negar o revocar solicitudes de residencia permanente a inmigrantes que hayan recibido ciertos beneficios públicos por un periodo significativo, como Medicaid, SNAP (cupones de alimentos) o ayudas de vivienda. Aunque esta regla no es nueva, su aplicación se ha intensificado en esta administración.
Fuente: Univisión
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