Los operativos federales implementados en Washington D.C. bajo la administración del presidente Donald Trump continúan generando preocupación entre activistas, residentes y líderes locales, quienes aseguran que lo que comenzó como una intervención para frenar la delincuencia terminó convirtiéndose en una ofensiva directa contra las comunidades inmigrantes. Aunque la Casa Blanca promociona la medida como un éxito categórico, organizaciones civiles sostienen que tras el discurso oficial existe un aumento significativo de arrestos migratorios, muchos de ellos presuntamente ilegales.
La operación fue lanzada a mediados de agosto mediante una orden de emergencia que permitió al gobierno federal asumir el control de la policía local, sumar agentes federales y desplegar cientos de miembros de la Guardia Nacional en las calles de la capital. Según Trump, la misión busca combatir una “delincuencia rampante”, aunque datos previos ya mostraban un descenso en los índices delictivos antes del despliegue.
Sin embargo, líderes comunitarios y defensores de derechos civiles indican que la justificación oficial no coincide con lo que experimentan a diario los inmigrantes de la ciudad. Reportan detenciones frecuentes, redadas sorpresivas y una sensación creciente de vulnerabilidad entre quienes temen ser arrestados simplemente por su estatus migratorio. Una demanda presentada recientemente alega que parte de estos arrestos son ilegales, alimentando aún más el debate sobre el verdadero objetivo del operativo.
Las cifras aportan un ángulo crucial al panorama. De acuerdo con datos oficiales revisados por The Associated Press, alrededor del 33% de los más de 7.500 arrestos realizados desde el inicio del operativo están vinculados a inmigración. En septiembre, un análisis de la misma agencia reveló que del total de 2.400 detenciones efectuadas hasta ese momento, el 40% correspondía a asuntos migratorios.
Cifras de ICE examinadas por el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley indican que, de 1.130 arrestos migratorios documentados hasta el 15 de octubre, al menos 947 involucraron a personas sin antecedentes criminales ni cargos pendientes.
Para los activistas, esto demuestra que la operación ha generado una “normalización” de las redadas en la capital, donde cada vez es más común que los inmigrantes vivan bajo una amenaza constante.
Líderes locales como la concejal Brianne K. Nadeau afirman que las redadas ya “no son noticia de la noche porque se volvieron parte de la rutina”. Tampoco hay indicios de que la presencia federal disminuya pronto. Para muchos residentes, la capital del país vive ahora una nueva etapa marcada por el miedo y la incertidumbre.
Fuente: MundoNow Network
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