Una trama de cobros indebidos a pensionistas ha derivado en una crisis política en Brasil, provocando la dimisión del ministro de Seguridad Social, Carlos Lupi, y afectando la imagen del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo hermano está vinculado a uno de los sindicatos beneficiados.
Durante seis años, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) descontó automáticamente parte de las pensiones de jubilados sin su autorización, en favor de una docena de sindicatos. La Policía Federal investiga el caso, que involucra un posible desvío de más de 6.000 millones de reales (aproximadamente 1.000 millones de dólares). La investigación reveló que estas deducciones comenzaron en 2019, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, pero continuaron bajo el actual mandato de Lula.
El escándalo estalló justo antes del Primero de Mayo, fecha emblemática para el movimiento obrero. Lula, exsindicalista y figura clave en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT), optó por no participar en los actos conmemorativos, alegando problemas de agenda. Muchos interpretaron esta ausencia como una forma de evitar exponerse públicamente en medio de la polémica.
Uno de los elementos que más ha complicado el caso para Lula es la implicación indirecta de su hermano mayor, José Ferreira da Silva, conocido como Frei Chico. Él lidera el Sindicato Nacional de los Jubilados y Mayores (Sindnapi), una de las entidades que recibió parte del dinero descontado de manera irregular. Aunque Frei Chico ha defendido la legalidad de los ingresos y atribuye su aumento al crecimiento de afiliados durante la pandemia, la policía sospecha que algunos sindicatos se beneficiaron de una estructura organizada para lucrar con aportaciones indebidas.
El ministro Lupi dejó el cargo tras conocerse que ignoró advertencias de distintos organismos públicos sobre las irregularidades. Antes de su renuncia, Lula también sustituyó al director del INSS, pieza central de la trama. El Gobierno ha prometido devolver el dinero a los afectados y denunciar judicialmente a las organizaciones que se enriquecieron ilegalmente.
Más de un millón de jubilados habrían reclamado por estos descuentos no autorizados en los últimos dos años, lo que llevó al Tribunal de Cuentas a detectar anomalías. Las auditorías incluyeron visitas a 29 entidades y entrevistas con 1.300 pensionistas. La operación resultó en tres detenciones y el decomiso de bienes de lujo, dinero en efectivo y documentos.
Este nuevo golpe llega en un momento delicado para el presidente brasileño, cuya aprobación ha disminuido. Aunque su administración intenta desmarcarse del origen del fraude señalando que comenzó bajo Bolsonaro, el hecho de que continuara bajo su gobierno y afecte a un familiar cercano, lo deja en una posición incómoda.
En un intento por recuperar la iniciativa política, Lula acaba de presentar una propuesta de exención del impuesto sobre la renta para quienes ganen menos de 5.000 reales. Sin embargo, este anuncio ha sido opacado por el escándalo. Mientras tanto, el mandatario se prepara para una gira internacional que incluye una visita a Rusia y otra a China, donde espera encontrar un escenario más favorable que el actual clima político doméstico.
Fuente: El País
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