El apagón eléctrico masivo que afectó a España y Portugal el pasado 28 de abril ha desatado una oleada de consecuencias políticas, técnicas y sociales que siguen resonando días después del suceso.
Según encuestas realizadas, el 60% de la población considera que la información transmitida por el Gobierno durante la crisis fue insuficiente. Además, un 44,2% cree que la clave para evitar otro incidente similar es la modernización de la red eléctrica.
El Gobierno español, junto con Red Eléctrica y el Ministerio de Transición Ecológica, ha puesto en marcha una serie de reuniones para esclarecer las causas del apagón y reforzar la seguridad del sistema.
La presidenta de Red Eléctrica Beatriz Corredor ha defendido la resiliencia del sistema eléctrico nacional, negando que el fallo se deba a un exceso de producción renovable o a un ciberataque directo. A pesar de ello, el Ejecutivo exige explicaciones más concluyentes, mientras partidos como el PP piden una auditoría internacional independiente y la comparecencia del presidente Sánchez.
Portugal, igualmente afectado por la desconexión eléctrica, ha reaccionado con rapidez. El primer ministro Luís Montenegro anunció una reforma urgente del sistema de comunicaciones de emergencia, cuya fragilidad quedó expuesta durante el apagón.
Se formará un grupo de trabajo para diseñar un nuevo sistema más robusto, fiable y preparado para situaciones críticas.
En el plano técnico, el comité del apagón también investiga un posible ciberataque a instalaciones ajenas a Red Eléctrica, aunque sin confirmar ninguna hipótesis. Mientras tanto, organizaciones como Sumar exigen un control público más estricto sobre el sector energético.
Las secuelas del apagón no se limitaron a lo técnico: varios territorios como Madrid y Extremadura activaron planes de emergencia que ahora comienzan a desactivarse con la vuelta progresiva a la normalidad.
Sin embargo, hay discrepancias políticas. Isabel Díaz Ayuso se ha quedado sola en su negativa a desactivar el nivel de emergencia, considerando que debe decidirlo Interior, mientras que el resto de comunidades ya han rebajado la alerta.
Empresas como Iberdrola han reavivado el debate energético, proponiendo la energía nuclear como la opción “menos cara” para garantizar la estabilidad. A su vez, Red Eléctrica ha entregado al Gobierno la “caja negra” del sistema para ayudar a esclarecer lo ocurrido.
El suceso ha puesto en evidencia vulnerabilidades estructurales tanto en la red eléctrica como en los sistemas de comunicación de emergencia de la Península. La gestión, la transparencia y la preparación ante futuras crisis energéticas serán ahora aspectos clave en la agenda política y técnica de ambos países.
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