Lo que comenzó como una promesa estatal de vivienda digna para una familia residente en el municipio del Cerro, en La Habana, se ha convertido en una pesadilla de cinco años de desamparo, silencio institucional y vidas en espera.
En mayo de 2020, la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro, cerca del Latinoamericano ordenó la demolición de dos viviendas de madera ubicadas en Cruz del Padre, esquina Velázquez y Zequeira, bajo el argumento de que estaban en plan de demolición y eran inhabitables.
Las propiedades pertenecían a Nereyda Talavera Granado y Mayra Talavera Granado, dos ancianas con expediente de albergue desde 1980.
La demolición fue autorizada por el entonces director de Vivienda del Cerro, identificado por la familia como Vladimir, quien —según denuncias— se comprometió a construir casas de mampostería en el mismo terreno, mostrando incluso vales de materiales y asegurando que el proceso tomaría apenas seis meses. La única condición impuesta a la familia fue que encontraran un lugar temporal donde permanecer durante ese tiempo.
En cuestión de días, la vivienda fue demolida. Pero la promesa jamás se cumplió.
“Desde entonces comenzó el calvario”, declaró a este medio Claudia Antuane Llambia Montalvo, una de las afectadas. “Pasaron los días, las semanas, y nadie apareció. Volvimos a la oficina y ya nos decían otra historia. Los supuestos constructores dijeron que no había presupuesto y que el proyecto se cancelaba”.
Llambia asegura que cada jueves —el día de atención a la población— se presentaban en la Dirección de Vivienda buscando respuestas. En una de esas visitas les informaron que Vladimir ya no era director.
En su lugar, una nueva funcionaria llamada Barbarita asumía la responsabilidad, aunque negó tener competencia en el caso, incluso después de haber sido confrontada por miembros del Partido y la Policía tras una protesta espontánea de la denunciante.
“Me aseguraron en la calle que me priorizarían, me dieron cita para el Partido en Ayestarán. Pero todo fue otra mentira más. Nunca comenzaron la construcción”, agregó Llambia.
Desde entonces, la familia —compuesta por tres menores, cuatro adultos y dos personas de la tercera edad, una de ellas con discapacidad física— ha estado deambulando entre casas de amistades, alquileres temporales e iglesias, sin un lugar estable donde vivir.
El hijo menor de Llambia ya ha pasado por tres escuelas debido a los constantes traslados.
En enero de 2025, acudieron al gobierno municipal en Calzada del Cerro para intentar hablar con el intendente. Fueron recibidos por un funcionario que, tras revisar los registros, les informó que no figuraban en el plan de construcción del año.
Prometió una respuesta en febrero. Al cierre de esta nota, la familia aún no ha sido contactada.
“El silencio institucional es peor que cualquier mentira. Nos quitaron nuestra casa con promesas, y ahora ni siquiera nos escuchan”, concluyó Claudia Llambia en su llamado a la opinión pública.
Este caso se suma a otras denuncias sobre procesos de demolición sin garantías de reubicación, que dejan a familias enteras a merced de la precariedad y la falta de protección del Estado. Desde aquí, se hace un llamado a que las autoridades respondan y actúen con urgencia.
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