La administración del presidente Donald Trump inició un nuevo capítulo en su ofensiva contra los migrantes al proponer regulaciones que restringen severamente el acceso a permisos de trabajo para los solicitantes de asilo.
La nueva norma, aún en fase de preparación dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), eliminaría la posibilidad de que quienes tienen solicitudes de asilo pendientes obtengan permisos laborales mientras esperan una resolución. Actualmente, quienes llevan más de 180 días sin respuesta pueden trabajar legalmente; esa posibilidad desaparecería.
De ser aprobada, la medida implicaría extender a un año el período de espera obligatorio para acceder a un permiso, complicando aún más la situación de más de tres millones de personas atrapadas en los retrasos del sistema migratorio.
“Esta iniciativa busca asfixiar a los solicitantes de asilo antes de que tengan siquiera una oportunidad de ser escuchados”, han advertido activistas y abogados defensores. La política no solo afectará el sustento de los migrantes, sino que los empujará a la economía informal, donde la explotación y los abusos son moneda corriente.
La administración parece más interesada en disuadir la migración con castigo que en proteger a quienes huyen de la violencia o la persecución. Esta es solo una parte de un esfuerzo mayor de la administración Trump para recortar las vías legales de ingreso al país. En enero, ya se había implementado una orden de emergencia que permite la expulsión rápida de la mayoría de los migrantes en la frontera, apelando a una supuesta “invasión” nacional. Ahora, con esta nueva propuesta, el acceso al trabajo —fundamental para la estabilidad de los solicitantes— está también en la mira.
El golpe es aún más duro para miles de personas acogidas al programa CBP One. Muchos cubanos que habían ingresado con parole humanitario mediante esta aplicación han comenzado a recibir notificaciones de revocación de sus permisos de trabajo, una decisión que rompe con las promesas iniciales del programa y deja a estas personas en un limbo jurídico y económico.
Simultáneamente, la Corte Suprema ha avalado la decisión de la administración Trump de eliminar el parole humanitario implementado por Joe Biden en 2022, que beneficiaba a más de medio millón de personas de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Esta medida no solo anula sus permisos laborales, sino que los deja expuestos a una posible deportación, sin consideración por su proceso migratorio aún pendiente.
Se trata de una estrategia coordinada para desmantelar los mecanismos de protección y disuadir la migración a través del sufrimiento humano. La situación genera angustia, especialmente en comunidades como la cubana, que había encontrado en el parole una vía temporal hacia la legalidad. Aunque existe la posibilidad de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, muchos aún no cumplen con los requisitos o no han iniciado el proceso.
A medida que avanza esta nueva fase de endurecimiento migratorio, el panorama se torna más incierto para cientos de miles de personas que llegaron a Estados Unidos confiando en un sistema de asilo que hoy parece desmoronarse.
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