Las nuevas reglas del Gobierno cubano sobre el mercado de divisas no solo dejan más preguntas que respuestas, sino que podrían agravar aún más la crisis sistémica que atraviesa el país. Así lo advierte el economista Pavel Vidal, director del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), vinculado al medio independiente El Toque, en un informe divulgado este lunes.
En su análisis, Vidal examina el impacto de lo que define como una “redolarización”, cuyo objetivo principal sería desplazar el mercado informal de divisas y redirigir remesas y otros flujos en moneda extranjera hacia el sistema financiero estatal. En otras palabras, captar dólares para unas arcas públicas exhaustas. El economista basa sus conclusiones tanto en experiencias previas de dolarización parcial como en los escasos detalles ofrecidos por las autoridades en los anuncios recientes.
Según el informe, las medidas introducen apenas dos novedades reales. La primera es que, a diferencia de etapas anteriores —como la dolarización de los años noventa, el CUC o la posterior MLC—, ahora se permitirá que el sector privado opere cuentas bancarias y realice pagos en divisas. La segunda es la promesa, todavía vaga, de crear un “esquema cambiario oficial”, del cual no se han definido reglas ni plazos.
Más allá de eso, sostiene Vidal, el país regresa a un esquema monetario dual, con rasgos conocidos desde hace más de tres décadas: múltiples tasas de cambio y un manejo centralizado y discrecional de las divisas. El propósito del régimen, explica, es aislar ciertos sectores —especialmente los vinculados al comercio exterior— de la inestabilidad del peso cubano, para evitar que algunas áreas clave colapsen. Sin embargo, el beneficio sería limitado y fragmentario.
“El alivio puntual podría verse rápidamente anulado por los efectos dañinos que generan los sistemas monetarios duales si no se aplican reformas integrales que abarquen todo el aparato productivo y la fuerza laboral”, advierte el economista.
Vidal identifica tres consecuencias principales de esta redolarización: mayor desigualdad social, nuevas distorsiones económicas y una profunda segmentación del sistema productivo, factores que lastran el crecimiento a largo plazo.
La desigualdad se acentúa porque la dolarización no se restringe a las empresas exportadoras, sino que se extiende al mercado interno. “La mayoría de los salarios y pensiones continúan pagándose en pesos cubanos, mientras el acceso a bienes y servicios esenciales se dolariza”, explica Vidal. El resultado es una brecha social cada vez mayor, donde quedan rezagadas las familias sin acceso a remesas u otras fuentes de divisas.
Las distorsiones económicas surgen del mantenimiento de tasas de cambio múltiples, lo que provoca que los precios y costos “dejen de hablar el mismo idioma”. “Lo que parece rentable a una tasa puede ser un espejismo a otra”, señala. Esta incoherencia altera los incentivos económicos y conduce a decisiones erróneas tanto a nivel empresarial como macroeconómico.
La tercera consecuencia es la segmentación de la economía, con la creación de circuitos productivos poco conectados entre sí. “Se configuran, de hecho, dos economías dentro de una misma”, con vínculos débiles o inexistentes. Aunque un eventual mercado cambiario oficial podría reducir estas fracturas, Vidal duda de que el peso cubano goce de una convertibilidad real o de que el acceso a divisas esté libre de interferencias políticas y favoritismos hacia la empresa estatal.
La redolarización, subraya, es además extremadamente imprecisa. Mientras algunos sectores tienen claro su acceso al dólar —exportadores, la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, inversionistas extranjeros, misiones diplomáticas o proyectos de cooperación—, en otros ámbitos el margen de discrecionalidad es enorme, lo que abre la puerta a la arbitrariedad y a la distribución selectiva de privilegios.
El economista alerta de que no todas las empresas privadas serán dolarizadas y que será el Ministerio de Economía y Planificación quien decida cuáles acceden al beneficio. “Esto incentiva un oscuro lobby empresarial-burocrático para quedar entre los elegidos”, advierte. La mayoría de las mipymes seguirá operando en moneda nacional, a pesar de su aspiración de acceder legalmente a divisas, con mayor estabilidad y sin recurrir al mercado informal.
Incluso ese objetivo podría frustrarse. Vidal señala el riesgo de que el mercado cambiario oficial no tenga suficientes dólares y priorice a las empresas estatales, consideradas por la Constitución como el “sujeto principal” de la economía. “Si los bancos deben decidir entre vender divisas a una empresa estatal o a una mipyme, el sesgo político dejaría relegado al sector privado”, concluye.
En esencia, la nueva redolarización reproduce los mismos desequilibrios del pasado: un sistema frágil, discrecional y excluyente que, lejos de resolver la crisis, amenaza con profundizarla.
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