El decomiso de una carga de pescado en Manzanillo, provincia de Granma, volvió a encender la indignación ciudadana y puso en evidencia una contradicción cada vez más evidente en Cuba: mientras el Estado es incapaz de garantizar alimentos básicos a la población, reprime a quienes, desde el sector informal, intentan cubrir ese vacío.
Según una publicación del perfil oficialista Entérate con Aytana Alama, fuerzas policiales ocuparon en la madrugada una “buena carga” de pescado de mar que era transportada para su venta ilegal. El cargamento, trasladado en un transporte estatal, incluía langostas, sierra, jurel, pargo, ralla, biajaiba, rubia, serrucho, pez perro, salmón y otras especies, algunas catalogadas como tóxicas. Los individuos provenían de Niquero y se dirigían hacia Contramaestre, en Santiago de Cuba, con el objetivo de vender el pescado a la población.
El tono triunfalista de la publicación oficial contrastó de inmediato con la reacción de numerosos internautas, que repudiaron la acción del gobierno y cuestionaron la lógica de criminalizar la venta de pescado en un país rodeado de mar. Para muchos, el decomiso no representa una victoria contra la ilegalidad, sino otro golpe contra la ya precaria alimentación de los cubanos.
“¿De cuál pescadería se lo robaron?”, escribió un usuario identificado como Alex. “Pescar en una isla rodeada de mar solo es delito en Cuba. No hay medicinas, no hay comida, no hay agua, no hay corriente… eso es lo que deberían denunciar”, añadió, reflejando un sentir ampliamente compartido.
Mary calificó el hecho como “una falta de respeto” y recordó que ese pescado, aunque caro, era una de las pocas vías para que la población pudiera consumir proteína animal. “Enfóquense mejor en los que venden drogas y en los ladrones”, reclamó. Otros comentarios fueron aún más duros. “El mar es de todos. Los ladrones son ustedes”, escribió Wilder, convencido de que el pescado decomisado no llegará a la mesa del pueblo, sino a comedores estatales o a circuitos privilegiados.
El caso también expuso el drama humano detrás de estas acciones. Dalgis relató que su hijo, que padece Síndrome Nefrótico, lleva cuatro años sin recibir la dieta de pescado que necesita por prescripción médica. “Es triste ver esto y saber que ese alimento hace tanta falta”, comentó.
En lugar de reconocer su incapacidad para garantizar el acceso regular al pescado, el gobierno opta por reprimir a pescadores y vendedores informales que, con todos los riesgos, intentan suplir una demanda real. La legalidad se impone sin ofrecer alternativas, y el resultado es el mismo: menos comida para el pueblo.
El decomiso en Manzanillo no es un hecho aislado, sino parte de una política que castiga la supervivencia mientras el Estado sigue sin resolver lo esencial. En Cuba, comer pescado no debería ser un privilegio ni un delito, sino un derecho básico en una isla rodeada de mar.