El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un decreto ejecutivo que clasifica al “fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos” como armas de destrucción masiva, una medida de fuerte carga política que busca endurecer el enfoque del Gobierno frente a la crisis de opioides, aunque su impacto práctico inmediato no está del todo claro.
El anuncio fue realizado desde la Oficina Oval, en un acto en el que el mandatario también entregó medallas a militares estadounidenses “por su papel central en la protección de nuestra frontera”.
Durante su intervención, Trump defendió la decisión con un tono enfático: “Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que inunda nuestro país con esta histórica orden ejecutiva. Ninguna bomba hace lo que esta hace”, afirmó.
La legislación estadounidense ya contempla como delito grave el uso, la amenaza o el intento de uso de armas de destrucción masiva, una categoría que puede conllevar penas extremadamente severas, incluida la pena de muerte en determinados contextos. Dicha legislación define estas armas como aquellas que contienen agentes biológicos, toxinas o vectores. Sin embargo, expertos legales recuerdan que un decreto presidencial no puede modificar por sí mismo la ley vigente, lo que ha generado interrogantes sobre el alcance real de la orden.
Aun así, el decreto instruye a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, a “iniciar de inmediato las investigaciones y el procesamiento judicial por tráfico de fentanilo”, argumentando que esta sustancia “se asemeja más a un arma química que a un narcótico”. Asimismo, ordena al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, adoptar medidas contra activos e instituciones financieras vinculadas a personas u organizaciones que participen o apoyen la fabricación, distribución y venta de fentanilo ilícito y sus precursores.
El documento califica explícitamente la producción y distribución de fentanilo como una amenaza a la seguridad nacional, y señala que organizaciones terroristas extranjeras y cárteles criminales utilizan estas actividades para financiar asesinatos, actos terroristas e insurgencias, debilitando —según el texto— la seguridad interna y el bienestar del país.
No obstante, la iniciativa no ha estado exenta de críticas. Dennis Fitzpatrick, exfiscal federal especializado en seguridad nacional en el Distrito Este de Virginia, calificó la orden como un “ejercicio político” y advirtió que podría incluso dificultar el trabajo de agentes y fiscales, al superponerse con los estatutos ya existentes sobre tráfico de drogas.
La orden ejecutiva reabre así el debate sobre los límites del poder presidencial, la eficacia de las herramientas legales actuales y el enfoque más adecuado para enfrentar una crisis que continúa cobrando decenas de miles de vidas cada año en Estados Unidos.
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