Un hecho de robo de combustible ocurrido en una instalación clave de la provincia de Matanzas ha vuelto a poner en el centro del debate público el deterioro de los controles internos y la profunda crisis de responsabilidades que afecta a sectores estratégicos del país. El incidente tuvo lugar en la UEB Comercializadora de Combustible, Terminal 320, una infraestructura esencial para el abastecimiento energético de la región.
Según la información divulgada por el perfil de Facebook de CubaHerald, dos trabajadores de la instalación fueron sorprendidos mientras extraían gasolina directamente de los depósitos bajo su custodia.
Los implicados fueron identificados como Marcial Rudelay Cancino Ochoterena, jefe de turno, y Ernesto Mesa Méndez, custodio del lugar.
Ambos fueron detectados en horas de la madrugada, cuando ya habían acumulado 25 litros de gasolina almacenados en bolsas plásticas, presuntamente listos para ser sustraídos fuera de la instalación. El método empleado y el momento elegido evidencian un aprovechamiento de su posición laboral y del acceso privilegiado a un recurso altamente controlado.
El hecho adquiere una dimensión particularmente sensible al tratarse de una instalación estratégica, en medio de un contexto nacional marcado por la escasez crónica de combustible, que afecta directamente al transporte, la distribución de alimentos, los servicios básicos y la generación eléctrica. La reacción social no se ha hecho esperar, no solo por el delito cometido, sino por la contradicción que supone que quienes debían proteger un recurso crítico figuren entre quienes lo desvían.
Más allá del caso puntual, el suceso ha reavivado un debate recurrente entre ciudadanos y especialistas. Mientras algunos reclaman la aplicación estricta de las sanciones previstas en la ley, otros apuntan a problemas estructurales más profundos: salarios insuficientes, debilidades en los sistemas de control interno y una cadena de responsabilidades que rara vez se investiga más allá de los ejecutores directos.
En ocasiones anteriores, datos oficiales han reconocido que las pérdidas diarias por desvíos de combustible pueden alcanzar volúmenes significativos, con la participación de diversos actores a lo largo de la cadena operativa. Sin embargo, persiste la percepción de que las consecuencias legales recaen mayormente sobre los eslabones más visibles, mientras otros niveles de responsabilidad permanecen fuera del foco público.
En un país donde cada litro de combustible tiene un impacto directo en la vida cotidiana, el caso de Matanzas vuelve a plantear una pregunta incómoda y persistente: ¿se trata únicamente de individuos que roban o de un sistema que permite que el desvío de recursos se convierta en una práctica recurrente?
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